La operación “Abanterum” se ha saldado con la detención e investigación de 21 personas y con el desmantelamiento de la red criminal.
Algunas de las victimas estafadas llegaron a perder hasta 100.000 euros.
Se trata de una de las mayores operaciones de estas características. Debido principalmente al alto grado de especialización de la red criminal y al beneficio obtenido que supera 1.700.000 euros.
La Guardia Civil, en la operación “Abanterum”, ha desmantelado una red criminal. Estaba altamente especializada en estafar a colectivos vulnerables, personas de edad avanzada, dependientes y en situación de discapacidad.
La investigación ha determinado la existencia de más de 500 personas. La red les estafó en La Rioja, Asturias, Ávila, Barcelona, Burgos, Cádiz, Cantabria, Galicia, Granada, León, Málaga, Madrid, Navarra, País Vasco, Segovia, Soria, Tarragona y Valladolid. Obteniendo la organización criminal un beneficio ilícito de más de 1.500.000 euros.
Hasta el momento se ha procedido a la detención e investigación de 21 personas -11 varones y 10 mujeres, naturales de España y Argentina. Con edades comprendidas entre los 23 y los 49 años y residentes en Alcorcón, Getafe, Madrid, Parla y Toledo, como presuntas autoras en diferentes grados de participación de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y falsificación de documento mercantil. Los integrantes de este entramado criminal empleaban tácticas de venta agresiva para generar confusión en las víctimas. Con constantes coacciones y amenazas bien de manera presencial o a través de los “call center” existentes en los locales desde donde operaban. En algunos casos, las estafas han causado la quiebra económica de familias enteras tras haber desembolsado cantidades de 30.000, 50.000 y hasta 100.000 euros.
Se han llevado a cabo un total de cinco registros en empresas y domicilios: 2 en Madrid, 2 en Getafe y 1 en Mejorada del Campo. En los que se intervinieron numerosos ordenadores, material informático y numerosa documentación relacionada con la actividad delictiva.
La investigación ha impedido que este entramado llegase a utilizar una base de datos de reciente adquisición en el mercado ilícito. Contenía las filiaciones de otras 2.000 potenciales víctimas de idéntico perfil a las estafadas.
Compra de identidades en el mercado negro
La red criminal adquiría paquetes de identidades en el mercado negro de personas que habían comprado colecciones de libros con anterioridad a otras empresas. O bien habían sido víctimas de múltiples estafas. Una vez los estudiaban definían el método para defraudar el máximo dinero posible.
Uno de los modos operandi consistía en engañar a las víctimas explicándoles que habían comprado colecciones de libros con anterioridad a otras empresas. Además, les explicaban que el contrato de compra les obligaba a adquirir las nuevas ediciones. De esta forma, ante la posibilidad de tener problemas legales, las víctimas compraban las colecciones valoradas entre los 1.900 y 3.000 euros. En una ocasión se personaron en el domicilio de una víctima, manifestando ser abogados de la editorial e instándole a abonar la deuda bajo amenaza de denuncia por impago.
Si las víctimas tenían problemas económicos, les ofrecían la posibilidad de financiar la deuda falsificando contratos de los que los afectados asumían las consecuentes responsabilidades contractuales. Además, en ocasiones estafaban doblemente a las víctimas, al ofertarles la subasta de las colecciones de libros que les habían vendido, embaucándolos con precios sobredimensionados que garantizaban siempre que adelantasen unas cuantías que oscilaban entre los 3000 y 8000 euros para llevar a cabo la subasta.
El último escalón de la trama delictiva iba dirigido a víctimas que habían sufrido diversas estafas o ventas abusivas durante los últimos años. Los integrantes de la red se ponían en contacto con ellas haciéndose pasar por una asesoría jurídica ofreciéndoles sus servicios, mediante la firma de un contrato anual de entre 2.400 a 3.400€.
La operación Abanterum se enmarca en el “Plan Mayor Seguridad” que lleva a cabo la Guardia Civil en todo el territorio nacional para dar respuesta a las principales amenazas que afectan a la seguridad de las personas mayores, como son el maltrato, los robos y las estafas. Esta operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja, la Unidad Técnica de Policía Judicial la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y coordinada por el Juzgado de Instrucción número dos de Haro (La Rioja).
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