La Consejería de Empleo e Industria muestra su preocupación por el incremento de la mortalidad en el ámbito laboral y promueve una mayor implicación de todas las instituciones y entidades que intervienen en la prevención, investigación y persecución de los accidentes laborales. La necesidad de intensificar la colaboración en la lucha contra la siniestralidad laboral ha sido compartida esta mañana por el Ministerio Fiscal y la Inspección de Trabajo, durante la reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración en materia de lucha contra la siniestralidad.
La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo; el teniente fiscal de Castilla y León, Emilio Fernández; el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Javier Calderón; la fiscal de Siniestralidad Laboral, Noemí López; el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, David Martín, y el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Antonio Bartolomé, han analizado esta mañana -en el seno de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración entre el Ministerio Fiscal y la Junta de Castilla y León en materia de lucha contra la siniestralidad laboral- la evolución de los datos de siniestralidad laboral en lo que llevamos de año y las actuaciones realizadas al amparo del citado convenio. Los asistentes han coincidido a la hora de calificar de preocupantes los datos, ya que reflejan un incremento del 67,8 % de los accidentes de trabajo mortales en Castilla y León durante los 8 primeros meses del año.
Entre enero y agostos de este año, 47 trabajadores han fallecido en accidente laboral en la Comunidad (42 en jornada y 5 ‘in itinere’), frente a los 28 que perdieron la vida en accidente laboral en el mismo periodo del 2019 (26 en jornada y 2 ‘in itinere’). No obstante, en términos globales se ha producido un descenso significativo del volumen total de accidentes, al registrarse una disminución importante de los accidentes de carácter leve. En el periodo enero-agosto de 2020 se han registrado en la Comunidad 14.020 accidentes de trabajo con baja en jornada laboral y 1.239 accidentes ‘in itinere’ con baja. De ellos, 13.847 fueron accidentes de carácter leve (3.280. menos que el pasado año), 131 graves (22 menos en relación con el mismo periodo del año anterior) y 42 accidentes mortales (16 más que en el año anterior)
Además del incremento notable de los accidentes mortales, tanto en jornada como ‘in itinere’, los datos reflejan que la mayoría de los accidentes mortales están directamente relacionados con condiciones de trabajo, tales como caídas desde altura, atrapamientos, aplastamientos, golpes, etc. Lo que podría indicar –en espera de la resolución de los respectivos expedientes- que una parte de esos accidentes pueden estar relacionados con falta de condiciones de seguridad en los puestos de trabajo, principalmente, falta de medidas de protección, incumplimiento de normas en cuanto a la utilización de dichas medidas, falta de vigilancia o falta de formación e información.
Todo ello teniendo en cuenta que la evolución negativa de la siniestralidad laboral se produce, además, en un contexto generalizado de descenso de la actividad como consecuencia de la COVID-19, siendo el sector servicios – el más afectado por la pandemia – el menos afectado por el incremento de la mortalidad laboral. En lo que va de año se han contabilizado en el sector servicios 3 accidentes mortales menos que en el mismo periodo del año anterior; mientras, el sector agrario ha contabilizado un incremento de 3 accidentes mortales, 11 más se han registrado en Industria y 5 más en construcción. No se descarta tampoco una relación directa entre la pandemia y el incremento de la mortalidad en el ámbito laboral. Además de los 2 accidentes mortales por COVID-19, se analiza la posible influencia que pueden tener otros factores relacionados con la actual situación sanitaria y laboral.
Ante esta situación, tanto la Consejería de Empleo e Industria como la Fiscalía han acordado intensificar su colaboración y comunicación para mejorar la prevención, investigación y persecución de los siniestros laborales, asegurando, en su caso, las correspondientes responsabilidades en el ámbito penal y en el administrativo. Así mismo, antes de que finalice el año se desarrollarán una serie de jornadas técnicas con la participación de fiscales, inspectores y técnicos de la Junta de Castilla y León, donde se analizará la problemática en profundidad y concretarán las necesidades de formación que precisa el ministerio fiscal.
Paralelamente, la Consejería de Empleo e Industria, a través de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, está manteniendo reuniones con todas las instituciones y entidades implicadas en la lucha contra la siniestralidad laboral (mutuas, asociaciones de servicios de prevención, Guardia Civil y Cátedra de PRL de la USAL). Estás reuniones tienen como objetivo mejorar la coordinación y la colaboración entre las partes, profundizar en el análisis de las causas de la siniestralidad laboral y unificar esfuerzos y estrategias en materia de prevención y resolución de los accidentes laborales. Además, se intensificará la labor en los centros de trabajo, donde se comprobará, también, que se cumplen las medidas de prevención frente a la COVID-19. Junto a todo ello, se intensificarán las campañas de sensibilización y formación, labor que deberá contar con la colaboración de las organizaciones sindicales y empresariales.
Por último, antes de que finalice el mes de octubre se convocará el Consejo Regional de Prevención de Riesgos Laborales para analizar la situación e incorporar a este análisis las opiniones y propuestas de todas las partes implicadas en la prevención.
