El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha anunciado este lunes la reducción de subvenciones a sindicatos, patronal y agentes sociales. El importe total de la reducción asciende a más de 20 millones de euros.
Apenas un mes después de su constitución, el Gobierno de coalición «empieza así a cumplir uno de los puntos estratégicos del acuerdo de legislatura. Consistente en recortar de manera significativa el gasto público vinculado a la participación institucional de los agentes económicos y sociales. Así como la supresión de todas aquellas subvenciones que no acrediten un destino y utilidad para los ciudadanos. También se implementarán mejoras de la eficiencia del gasto, mediante la transformación en concurrencia competitiva de las subvenciones directas. Gestionadas por los mismos actores y que no estén afectadas por las anteriores medidas».
Según indicó el vicepresidente en rueda de prensa, «el objetivo de la Junta para el próximo presupuesto 2022-2023 pasa por reducir en no menos de un 50% el dinero público que reciben los agentes sociales en Castilla y León. La primera Consejería en dar forma a este compromiso es la de Empleo, Comercio e Industria. Con un plan de recorte pionero en España que revisa todas las partidas públicas entregadas a los agentes sociales». El titular de la Consejería, Mariano Veganzones, se encargó de detallar junto a García-Gallardo tanto los conceptos que se recortan a la mitad, como los que desaparecen.
Conceptos reducidos
Son cuatro millones de euros los que hasta ahora han recibido CCOO, UGT y CEOE en concepto de subvenciones nominativas, para participación institucional en Castilla y León. Ahora, quedarán rebajados a la mitad en el próximo presupuesto. Las subvenciones directas para diálogo social y prevención de riesgos laborales, se suprimen por completo. Estos son otros 3.600.000 millones de euros que también recibían CCOO, UGT y CEOE. El dinero ahorrado se invertirá en una mayor dotación de personal en las Oficinas Territoriales de Trabajo que realizan esta misma función.
También se eliminan al 100% las subvenciones, 160.000 euros, a las cuatro cátedras relacionadas con la actividad de las asociaciones sindicales y patronales.
Otro capítulo de dinero público dedicado hasta ahora a agentes sociales que se revisa es el de las subvenciones para la realización de actuaciones en el marco del Servicio Público de Empleo. En concreto, 12.000.000 para acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, 800.000 euros para acciones orientadas a trabajadores ocupados y 925.000 para la integración social y laboral de la población inmigrante. Casi 14.000.000 de euros con los ahora se promoverán cursos de formación con compromiso de contratación diseñados por las propias empresas, lo que garantiza su adecuación a las necesidades del mercado laboral.
En total, con el primer programa de ajuste que ayer presentó el vicepresidente de la Junta los agentes sociales de Castilla y León dejarán de recibir 20 millones de euros pagados por los contribuyentes, con el compromiso de invertirlos en políticas sociales de atención prioritaria, que ayuden a los ciudadanos en un momento de particular dificultad económica como la que atraviesa España.
Acuerdo de coalición
Para García-Gallardo este es un acuerdo sobre el que el Gobierno de coalición ha mostrado “su absoluta convicción”. Al tratarse de uno de los puntos que suscribieron tanto PP y Vox para la conformación del ejecutivo. El vicepresidente ha subrayado que con esta medida se empieza a cumplir el compromiso de recortar “en al menos un 50% el gasto público institucional. Que no acredita su beneficio para los ciudadanos”. Asimismo, ha destacado que “el montante ahorrado se destinará a políticas sociales de atención prioritaria”.
Por su parte, el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha detallado los diez ejes que vertebran esta primera reducción de las subvenciones a sindicatos, patronal y demás agentes sociales de más de 20 millones de euros. Veganzones ha puesto el foco en “la alta demanda de los cursos de formación diseñados por las propias empresas con compromiso de contratación de al menos el 50 por ciento de los alumnos”.
