La elaboración de un censo de instalaciones y emplazamientos que contengan amianto tiene por objeto apoyar a los municipios de menos de 5.000 habitantes en el cumplimiento de la normativa, facilitando que puedan disponer del correspondiente registro y planificar la retirada de este elemento en los plazos establecidos, teniendo en cuenta que, antes de 2028, deberán priorizarse las instalaciones y emplazamientos según su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable.
Esta medida ha sido anunciada hoy por el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Manuel Barrios, durante la visita realizada a una explotación agrícola de La Serrada, Ávila, para conocer los trabajos de sustitución de cubiertas de amianto que ha realizado la empresa con el apoyo de la Junta de Castilla y León.
La retirada segura y la sustitución de cubiertas que contienen amianto en centros de trabajo de Castilla y León es uno de los programas de prevención de riesgos laborales impulsados desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que ha invertido durante esta legislatura más de 11 millones de euros para apoyar la retirada de este material en 592 centros de trabajo en Castilla y León.
Una de estas empresas es la explotación agrícola de Miguel Herráez, visitada esta mañana por el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, beneficiaria de dos subvenciones destinadas a la retirada y sustitución de cubiertas de fibrocemento con amianto en sus naves agrarias.
Durante la visita, Barrios ha subrayado que estas medidas responden al compromiso de la Junta de Castilla y León con la prevención de riesgos laborales y tienen por objeto prestar apoyo, fundamentalmente, a aquellas empresas y municipios con mayores dificultades de inversión, como pueden ser las pequeñas empresas y los municipios del ámbito rural.
Con el fin de canalizar ese apoyo de forma eficaz, la Junta de Castilla y León ha intensificado en los últimos años la colaboración con las diputaciones provinciales para desarrollar distintos programas de prevención de riesgos laborales en el medio rural de la Comunidad.
Entre estos programas figuran la adquisición de desfibriladores destinados a los municipios de menos de 2.000 habitantes, con una inversión autonómica de 1,6 millones de euros; el Montel Seguro, destinado a la adquisición de equipos, vehículos y maquinaria de trabajadores forestales, con una inversión de 7,9 millones de euros; y el programa Seguridad Rural, destinado a mejorar las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo ubicados en municipios de menos de 2.000 habitantes, que ha contado con un inversión de 6,7 millones de euros.
En la provincia de Ávila se han invertido en estos programas un total de 1,6 millones. De ellos, 875.987 euros se han destinado a la adquisición de vehículos, maquinaria y equipos para trabajadores forestales; 176.000 euros se han invertido en la adquisición de desfibriladores; y 557.192 euros, en el programa de Seguridad Rural, con mejoras en las condiciones de trabajo de 58 profesionales del sector agrario. En esta última línea, las actuaciones más comunes han sido la renovación de maquinaria agrícola y ganadera más segura, la realización de obras de mejora y acondicionamiento de los lugares de trabajo o la adquisición de sistemas de guiado, localización y manejo de ganado.
