El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha inaugurado hoy la jornada formativa sobre el nuevo acuerdo, suscrito el 12 de junio entre la Administración autonómica y UGT, CCOO y CGT
Regulará las condiciones de trabajo de más de 12.500 empleados, desde que entre en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha inaugurado hoy en la Feria de Valladolid la jornada formativa sobre el nuevo convenio colectivo del personal laboral de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos, organizada por la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP). El acuerdo fue suscrito el 12 de junio por la Junta y las centrales sindicales UGT, CCOO y CGT.
El objetivo de esta jornada es difundir el nuevo convenio colectivo por el que se va a regir a partir del 1 de julio el personal laboral de la Administración autonómica, que sustituye a uno anterior suscrito en 2013 y que había sido prorrogado por acuerdo con la representación sindical. Regulará la relación profesional de 12.658 trabajadores, de los que el 65,2 % son mujeres (8.250) y el 34,8 % son hombres (4.408). Por sectores, 8.204 se integran en la administración general, 4.244 en centros docentes y 210 en instituciones sanitarias:
La conferencia inaugural, impartida por el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES), Enrique Cabero, ha tratado sobre ‘La importancia de la negociación colectiva en las administraciones públicas’.
En su intervención posterior, el consejero de la Presidencia ha señalado que “el nuevo texto incorpora mejoras en las condiciones laborales para el conjunto de los 12.658 trabajadores que se rigen por este marco normativo, y también consolida avances para colectivos específicos, como el personal que forma parte del operativo de incendios forestales y el que presta sus servicios en la Gerencia de Servicios Sociales, así como para los empleados que tienen la condición de fijos discontinuos”.
Medidas generales
Una de las principales novedades se encuentra en la equiparación con el personal funcionario de las condiciones fijadas en cuanto a vacaciones, permisos y licencias, manteniendo las mejoras que los laborales habían consolidado en anteriores negociaciones.
Junto a esto, en aplicación del sistema educativo vigente, se reconfiguran los grupos de clasificación profesional, que son herramientas de ordenación de la plantilla en función de criterios como el nivel de conocimientos y experiencia –la inscripción en cada grupo requiere estar en posesión de una titulación determinada–, iniciativa, autonomía, responsabilidad, mando y complejidad.
En el nuevo convenio laboral se reducen de cinco a cuatro estos grupos, de modo que 4.677 trabajadores que estaban adscritos al grupo V –que integra puestos donde se ejecutan operaciones básicas estandarizadas de soporte a la actividad de la organización según instrucciones directas– pasarán a formar parte del IV –reservado a funciones administrativas básicas o de mantenimiento de instalaciones y soporte logístico–.
La clasificación de los nuevos grupos se realiza por el nivel de titulación exigido para el ingreso, determinándose para los Grupos I y II el título Universitario de Grado; para el Grupo III, el título de Formación Profesional de Grado Superior, Formación Profesional de Grado Medio o Bachillerato; y para el Grupo IV, el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional de Grado Medio o Básico, así como aquellas otras cuya prestación exija estar en conocimiento de un oficio técnico o administrativo a nivel elemental.
Colectivos específicos
El nuevo convenio viene a consolidar la situación del personal fijo discontinuo (operativo de incendios y centros educativos) a efectos de provisión de puestos, beneficiando a 1.070. El concurso abierto y permanente (CAP) tiene 4 resoluciones (febrero, mayo, agosto y noviembre) y el personal fijo discontinuo podrá participar en iguales condiciones que el resto del personal laboral fijo en las convocatorias de febrero y noviembre. Esta limitación se establece para no provocar disfunciones organizativas en el operativo de incendios y en el inicio del curso lectivo con el personal de centros educativos.
Asimismo, el texto establece reconocimientos económicos al personal que presta sus servicios en la Gerencia de Servicios Sociales, en concreto al colectivo de enfermería, con el pago de un complemento de continuidad asistencial, que retribuye el solape en el cambio de turnos, beneficiando a 215 puestos, así como el reconocimiento de una jornada minorada como compensación por realizar su jornada laboral en turno rotatorio, siempre que en el mismo se incluya el turno de noche, afectando a 1.808 puestos.
El texto también incorpora las mejoras laborales del personal del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León, recogidas en el Acuerdo de la Comisión de Seguimiento en materia forestal del Diálogo Social para la mejora del Operativo de Lucha contra Incendios Forestales 2023-2025, en aquella parte que debe reflejarse en el convenio colectivo. Así, se redefinen las categorías profesionales del operativo y se les amplía el contrato de trabajo al año completo a partir de 2025.
Las categorías de este operativo con el nuevo convenio son operador/a del centro de mando (Grupo III), oficial de montes -conductor o conductora maquinista de autobomba (Grupo III), vigilantes de Incendios (Grupo IV), y peón de montes y extinción (Grupo IV).
Mediante la configuración de estas nuevas categorías profesionales se redefinen las funciones de los trabajadores del operativo de incendios, debido a la ampliación de la duración de los contratos de trabajo de este personal fijo discontinuo.
Finalmente, el convenio colectivo del personal laboral actualiza su contenido a las disposiciones legales y reglamentos dictados, destacando la reforma laboral que afecta a la tipología de contratación temporal.
En definitiva, como ha señalado el consejero de la Presidencia “con la firma del convenio colectivo se ha culminado un largo proceso, desarrollado los dos últimos años con más de cien reuniones, y caracterizado por la voluntad negociadora de la Junta de Castilla y León y las centrales sindicales firmantes, que han llegado al consenso y al acuerdo con la finalidad de mejorar las condiciones de los empleados laborales que desarrollan sus funciones y cometidos de servicio público, garantizando la paz social.”
