El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, han estado presentes hoy en la firma de un acuerdo entre ambas administraciones públicas, suscrito materialmente por la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, María Pardo, y el director general de Vivienda y Suelo del Gobierno de España, Francisco Javier Martín.
El objeto de este acuerdo es la construcción de 914 viviendas colaborativas (‘cohousing’), construidas con estándares de alta eficiencia energética para ser destinadas al alquiler de jóvenes (hasta 35 años), que serán promovidas por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la empresa pública Somacyl, en 13 parcelas dotacionales titularidad de la Junta (Aranda de Duero con 38 viviendas) y de los Ayuntamientos de Ávila (40 viviendas), Burgos (200 viviendas), León (100 viviendas), Ponferrada (20 viviendas), Palencia (50 viviendas), Segovia (100 viviendas), Soria (40 viviendas), Valladolid (259 viviendas), Medina del Campo (27 viviendas) y Zamora (40 viviendas) que las han cedido para su ejecución durante un plazo de 50 años.
El acuerdo contempla un presupuesto global estimado de 81.614,139,26 euros –cuya distribución por actuaciones se refleja en el cuadro anterior–, que será cofinanciados por la Junta de Castilla y León (en un 50,61 %) y por fondos europeos procedentes del mecanismo Next Generation UE (en un 49,39 %), todo ello en el marco de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Características de las viviendas
Se trata de viviendas en bloque que se construirán en áreas urbanas, con una superficie útil de entre 60 y 65 metros cuadrados (2 dormitorios, 2 baños, salón y cocina), con las que se trata de facilitar la independencia de jóvenes recién incorporados al mundo laboral, compartiendo zonas comunes, como lavandería, vending, espacios para el ocio y parking para bicicletas, que mejoran la convivencia y se adaptan a los nuevos requerimientos de esta franja de población.
Todo ello convierte a este modelo de vivienda en lugares que facilitan la emancipación juvenil, con modelos de vivienda dignos y de calidad y el uso responsable de los recursos naturales y energéticos. En definitiva, lugares que generan claros beneficios sociales, económicos y medioambientales.
En cuanto al plazo de ejecución, las obras deberán estar finalizadas antes del 30 de junio de 2026.
Precios de los alquileres y condiciones
El precio máximo de los alquileres de estas viviendas oscilará entre 300 y 350 euros, aproximadamente –con actualización anual según variación porcentual del IPC–, con un ahorro respecto al precio de mercado de entre el 30 y el 40 % del importe de renta.
Respecto a las condiciones de los arrendatarios, básicamente, deben tener como domicilio habitual y permanente el de la vivienda arrendada; deben estar inscritos en el registro público de demandantes de la Junta de Castilla y León; no ser titulares de una vivienda en propiedad; tener hasta 35 años y que los ingresos de la unidad familiar sean inferiores a cinco veces el IPREM.
Otras actuaciones de la Junta en materia de vivienda en Castilla y León
Estas actuaciones en materia de vivienda se suman a otras que emprende la Junta de Castilla y León por iniciativa y fondos propios.
Por un lado, la Junta de Castilla y León está promoviendo viviendas en régimen de venta con descuento del 20 % del precio de adquisición para jóvenes de hasta 35 años y preferentemente en el medio rural. La previsión de esta legislatura es promover la construcción de más de 500 viviendas, con una inversión prevista de 57,6 millones de euros.
De otro lado, se continúa desarrollando el Programa Rehabitare, que también es política de vivienda para jóvenes, en este caso, en alquiler social y de revitalización del medio rural. Hasta la fecha en Castilla y León la Junta ha rehabilitado más de 440 viviendas, con la colaboración de las Diputaciones y los Obispados, con una inversión de 21,14 millones de euros. Hasta el final de la legislatura está previsto rehabilitar otras 212 nuevas viviendas con un montante total de 12,7 millones de euros, de manera que se terminará la legislatura con un total de 660 viviendas rehabilitadas, habiendo invertido más de 33 millones de euros.
Asimismo, la Junta trabaja en incrementar el parque público en alquiler social mediante la rehabilitación de antiguas casas de camineros, que también irán destinadas preferentemente a familias jóvenes. Está previsto rehabilitar 133 viviendas en toda la Comunidad con una inversión prevista cercana a los 18 millones de euros procedentes de fondos REACT-UE.
Y en el marco del nuevo Plan de Vivienda 2022-2025, que la Junta ejecuta en colaboración con el Ministerio, se van a mejorar las condiciones de las ayudas al alquiler cuando sus destinatarios sean los jóvenes de nuestra Comunidad (hasta 35 años). Así, alcanzarán hasta el 60 % de las rentas de alquiler anual (frente al 50 % actual) con independencia de cuál sea el municipio de empadronamiento, y se elevarán hasta el 75 % cuando los jóvenes residan en municipios de menos de 10.000 habitantes. Una mejora que adopta la Junta con presupuesto propio y que demuestra la apuesta por generar oportunidades reales que hagan de los pueblos un lugar atractivo para los jóvenes.
Igualmente, como viene sucediendo en las dos últimas legislaturas, la Junta va a dotar estas convocatorias con el crédito que cada año sea necesario para que las ayudas alcancen y sean abonadas a todos los que cumplan requisitos. Actualmente está abierto el plazo en la presente convocatoria para presentar ayudas hasta el 3 de enero de 2023.
Prioridad de la Junta al acceso de vivienda, sobre todo para los jóvenes
Para el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la política de vivienda es una prioridad para la Junta de Castilla y León, “cuyo objetivo es facilitar a todos los castellanos y leoneses el acceso a una vivienda digna y adecuada, prestando una atención singularizada a los grupos de población que necesitan un mayor apoyo, en este caso jóvenes, permitiendo así a las personas y las familias disfrutar de una vivienda acorde a sus necesidades”.
A este respecto, el consejero remarca que “debemos aprovechar las oportunidades que nos ofrecen los fondos europeos, para lo que es necesario seguir apostando por la colaboración interadministrativa entre el Ministerio, la Junta y los ayuntamientos, y aunar esfuerzos, unificar criterios, poner recursos en común para ayudar a todos las personas, especialmente a los jóvenes”.
Asimismo, Suárez-Quiñones añade que “la Junta de Castilla y León quiere poner a disposición de jóvenes y familias los medios necesarios para facilitar todas las posibilidades de acceso a la vivienda (compra de vivienda nueva, compra de vivienda usada, arrendamiento o arrendamiento con opción de compra), contribuyendo a mantener y fijar población en el medio rural, facilitando el acceso a la vivienda e impulsando la conservación del patrimonio residencial de nuestros pueblos”.
