La Consejería de la Presidencia, a través de la Dirección General de Función Pública, publica el concurso de funcionarios tras cinco años sin ser convocado y resuelto. En total son 6404 plazas vacantes ofertadas, dando así cumplimiento a los compromisos adquiridos con las organizaciones sindicales. Únicamente quedan excluidos los puestos de concurso específico de sanitarios, cuyas bases se debatirán próximamente con las organizaciones sindicales y tal y como se comprometió.
El concurso de traslados se reconoce en la ley de Función Pública a los efectos de forma de provisión de puestos de trabajo definitivo y como sistema para el desarrollo profesional de los empleados públicos. Garantiza la opción que tienen los funcionarios a la movilidad de puesto de trabajo, y a acceder a otros puestos de mayor nivel, así mismo cabe la opción de cambiar la localidad.
Tras el decaimiento del último concurso de traslados convocado, por motivos de resolución judicial, el concurso que se convoca en este momento garantiza el ejercicio de esos derechos de los funcionarios de carrera, la estabilidad en la forma de provisión de los puestos, respetando los fundamentos de sentencias dictadas sobre esta materia.
Del mismo modo se cumple el compromiso con las organizaciones sindicales al recuperar el ejercicio del derecho a movilidad y carrera para con los funcionarios de carrera, recogido en la Disposición Adicional Única del Decreto Ley 3/2020, de 18 de junio, por el que modificó la Ley de Función Pública, en tanto se proceda a la actualización de las Relaciones de Puestos de Trabajo, en la que también se está trabajando ya.
En este sentido, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, indicó que “la Junta, después de un intenso diálogo, un importante trabajo y una leal colaboración de las organizaciones sindicales, comienza un proceso crucial que redundará en la modernización y estabilización de nuestra función pública, una función pública que mira al futuro con ambición, y que vela por la protección de las personas que están al servicio de Castilla y León”.
Finalmente, se garantiza la continuidad de la prestación del servicio público de calidad, ya que se prevé la incorporación al puesto definitivo en el plazo de tres meses desde la resolución definitiva del concurso, garantizada por la incorporación de la disposición a la ley de Función Pública mediante la Ley 1/2021, de 22 de febrero, de medidas Tributarias, Financieras y Administrativas. Se garantiza además la continuidad en la prestación del servicio y el intercambio del conocimiento mediante el proyecto tutor-mentor.
