Así lo asegura el informe Cole Seguro presentado por la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla y León
Sin duda, la propagación de la COVID-19 en España ha planteado grandes retos en el derecho a la educación. El confinamiento y el despliegue de la educación digital generaron un desigual impacto en este derecho de niños y niñas, agravando las desigualdades preexistentes en el ámbito educativo. En el marco de la nueva normalidad, el curso 2020/2021 arrancó generando grandes interrogantes sobre la forma en la que se iba a garantizar el derecho a la educación, dadas las circunstancias de alta incertidumbre y las dificultades para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa al retomar la actividad educativa de forma presencial. Ante este escenario la Plataforma de Infancia y Political Watch aunaron esfuerzos en el proyecto Cole Seguro, una iniciativa con la que se pretende generar y dar a conocer información sobre cómo se está garantizando el derecho a la educación para niños, niñas y adolescentes en el contexto de la COVID-19.
El proyecto Cole Seguro desarrolla su acción principalmente en tres ejes que buscan conocer: el destino de la inversión pública en educación, la situación en la que se encuentran los centros educativos y la percepción de la ciudadanía sobre las medidas adoptadas. Este informe ofrece un análisis para cada uno de los citados ejes con datos relativos a la organización del curso escolar 2020-2021 y a su primer trimestre en la comunidad Autónoma de Castilla y León. Para su realización se ha contado con el asesoramiento de la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla y León (POICYL).
El primer objetivo de análisis de Cole Seguro fue el de procurar conocer en qué habían decidido invertir estos recursos los distintos gobiernos
autonómicos, tratando de determinar también
en qué cuestiones tangibles se había traducido
realmente dicha inversión
hasta la fecha de cierre del análisis, el 31 de diciembre de 2020.
El informe señala que los Fondos COVID para educación favorecen la seguridad en las aulas, pero no consiguen reducir la inequidad educativa.
Los principales resultados del informe son los siguientes:
Equidad educativa:
- Un 82% de las familias encuestadas han manifestado haber tenido que incrementar su gasto en materiales y equipos con respecto a cursos anteriores.
- Un 29% de la población en Castilla y León considera que las medidas aplicadas para que todos los niños y niñas puedan seguir con su educación han sido suficientes, frente al 57% que consideran que no se han tomado medidas o que éstas han sido insuficientes, situándose en valoraciones que tienen que mejorar según avance el curso escolar para acercarse a la media estatal.
- No se han identificado ampliaciones en las partidas de programas específicos para el fomento de la igualdad de oportunidades a través de los fondos COVID. Sin embargo, la partida destinada a comedor escolar en Castilla y León es muy superior a la media de España alcanzando el 4,8% de los Fondos COVID-19 en esta Comunidad frente al 2,5% estatal. Esta financiación se ha destinado al establecimiento de ayudas y becas para el acceso al servicio de comedor escolar.
Educación digital:
- El gasto en educación digital se sitúa en el 0,81% del fondo, muy por debajo del 10,19% que ha destinado de media en el resto de Comunidades. Castilla y León a través de los fondos COVID-19 ha invertido 1€ por estudiante en educación digital (frente a los 22,25€ de media en España). El 62% de la población encuestada en Castilla y León considera que la educación digital en su centro es regular o deficiente (10 puntos porcentuales peor valorada que la media estatal de un 52%).
Medidas en los centros:
- De forma general en todo el Estado se identifica que las administraciones educativas han adoptado medidas para favorecer la seguridad de la educación presencial. No obstante, los datos en Castilla y León muestran una satisfacción inferior que, en la media del Estado, donde la proporción de insatisfacción se corresponde con el 47% de las respuestas (frente al 40% estatal).
- Cada centro ha aumentado su plantilla en una persona docente de media durante este curso en Castilla y León, por debajo de la media de España, aunque se ha invertido más del 70% de los Fondos a esta partida, sin embargo, si ha aumentado el porcentaje de sustituciones por COVID.
- En Castilla y León, Región de Murcia y Extremadura, el 63% de la población considera que la comunidad educativa no ha podido participar de las decisiones que se han tomado en el centro en cuanto a la COVID-19, 13 puntos por encima de la media estatal.
- En el conjunto de España las personas con las rentas más bajas consideran en mayor proporción que las medidas adoptadas y la información recibida sobre ellas han sido insuficientes o poco efectivas, con respecto a las de rentas medias y altas.
- Sobre los protocolos adoptados para garantizar la seguridad de la educación presencial, el 70% de las personas encuestadas han manifestado saber a quién contactar en el centro si hay un caso positivo de COVID-19. Además, los protocolos de entrada y salida y las medidas adicionales de ventilación han sido adoptadas en la mayor parte de los centros consultados y un 71% ha establecido grupos de convivencia en todos los cursos, respetándose en el 84% de las ocasiones.
Salud mental
- Las medidas adoptadas para frenar la expansión de la COVID-19 están teniendo y tendrán a medio y largo plazo un impacto negativo sobre la salud mental y el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, no ha habido ningún anuncio de fondos destinados a ampliar los servicios de atención psicológica en centros educativos a cargo de los Fondos COVID-19.
Transparencia:
- Desde Cole Seguro se pide una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos por parte de las administraciones educativas, ya que para analizar las inversiones llevadas a cabo haciendo uso de los fondos COVID-19, han encontrado un gran número de obstáculos que dificultan la evaluación y el adecuado control de las políticas públicas.
