La plataforma de trabajadores temporales públicos de Castilla y León convoca su segunda asamblea informativa para todo el personal temporal de las administraciones públicas de la provincia de Soria.
Portavoces de la Plataforma de Trabajadores Temporales públicos de Castilla y León que son también representantes de Castilla y León en la Coordinación nacional, han convocado de nuevo a los interinos de todas las administraciones de Soria capital y provincia, a la segunda asamblea de tipo informativo que tendrá lugar en el salón de actos del Colegio de La Presentación de Soria. “El éxito de la primera asamblea del día 14 levantó expectación entre los empleados públicos temporales y recibimos bastantes llamadas pidiendo que se repitiera para gente que no pudo asistir de otras administraciones como Diputación, Residencia de los Royales, Universidad, CAMP Ángel de la Guarda, etc.”.
Es fundamental que todos los trabajadores con contratos temporales conozcan cuál es su situación contractual con la Administración y se informen bien de sus derechos como trabajadores temporales de la Unión Europea, protegidos por la Directiva 1999/70/CE del trabajo de duración determinada. “Muchos de los asistentes a la primera asamblea después de la información dada por las dos portavoces de la Plataforma, información que, por otra parte, no han recibido en ningún momento por parte de los grandes sindicatos, han abierto los ojos ante la situación de abuso sufrido y se han decidido a presentar reclamaciones de estabilidad ante sus administraciones y a participar en movilizaciones”.
Debe quedar muy claro a la opinión pública que esta situación no la han generado los trabajadores sino las propias Administraciones públicas que, durante décadas, han venido usando nombramientos y contratos temporales para cubrir plazas estructurales esenciales de los servicios públicos, incumpliendo con total impunidad, los plazos legales del Estatuto Básico del Empleado Público, como la obligación de convocar anualmente procesos selectivos, negando a los empleados la posibilidad de consolidar sus puestos de trabajo. La consecuencia de este incumplimiento, son los 800.000 empleados públicos en Fraude de Ley de toda España, que llevan 3, 5, 10, 15, 20, 25 y hasta 39 años como trabajadores temporales, haciendo el mismo trabajo que sus compañeros, pero con menos derechos.
Los datos del número de empleados públicos temporales que se encuentran en situación de abuso de temporalidad se desconocen porque las administraciones no los facilitan, pero según el INE y la última encuesta de población activa del primer trimestre de 2020, en Castilla y León había 57.900 funcionarios interinos y laborales temporales, casi un tercio del total y unos 2500 en la provincia de Soria.
La Directiva europea 1999/70/CE sobre el trabajo temporal, que en España sólo se aplica a la empresa privada, prohíbe estas prácticas, calificadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como ABUSO DE TEMPORALIDAD. El Alto Tribunal en su Sentencia de 19 de marzo de 2020 recriminó a España el uso normalizado de estas prácticas en todas las Administraciones españolas y exigió una sanción disuasoria para las mismas, cumplir el objetivo de protección de los trabajadores frente al abuso de temporalidad, favorecer la transición a contratos indefinidos y resarcir del daño sufrido a las víctimas del abuso.
Así mismo, la Comisión Europea, que ya tiene varios procedimientos de infracción abiertos contra el Reino de España por este motivo, ha condicionado el pago de una parte de los fondos de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia a que dé solución a este grave problema de temporalidad abusiva.
Además del condicionamiento por parte de la Comisión, éste es un momento clave de la lucha de los interinos, puesto que se está tramitando en el Congreso el Proyecto de Ley de medidas urgentes para disminuir la temporalidad en el empleo público, que debería garantizar la trasposición de la citada Directiva al sector público.
La Ponencia de portavoces de la Comisión de Hacienda y Función Pública en el Congreso ya se ha reunido con el fin de negociar las enmiendas registradas por todos los grupos parlamentarios para mejorar el texto del RDL 14/2021 en vigor. Este Decreto, más conocido como el “Icetazo”, resultado de la negociación entre Gobierno y sindicados y denunciado por el colectivo a la Comisión, incluye medidas que incumplen de forma clara la Directiva y la jurisprudencia del Tribunal de justicia europeo. Entre estas medidas está la continuidad de los procesos mal llamados ”de estabilización” de los PGE 2017 y 2018 cuya ejecución dejará en el paro a cientos de miles de trabajadores antes de que se apruebe la Ley que se está tramitando.
Los trabajadores solo pedimos que se cumpla la ley, que se cumplan las sentencias del Tribunal de justicia europeo y el objetivo de la Directiva 1999/70/CE, facilitar la transición a contratos estables que redunden a su vez en una economía estable y en unos servicios públicos de calidad.
Por estas razones, es tan importante que los empleados públicos que llevan años desempeñando su trabajo con contratos temporales en cualquier administración, conozcan la gravedad de la situación, y que su implicación en este momento es fundamental para evitar que, de nuevo, el legislador español, vulnere la primacía del Derecho Comunitario y los derechos laborales de los trabajadores del sector público y evitar que se produzca el mayor ERE de la historia de este país. En la Asamblea también se informará a los trabajadores sobre la convocatoria de huelga nacional en todas las Administraciones españolas el próximo 28 de octubre, con movilizaciones en todas las Comunidades Autónomas. La Plataforma de trabajadores temporales públicos de Catilla y León secunda la huelga y convoca a todos los empleados públicos víctimas de abuso de temporalidad de Soria y del resto de provincias de Castilla y León, a participar en la misma y en la concentración que se ha organizado en la Plaza Mayor de Valladolid el mismo día 28 a las 12h. La Plataforma está organizando y subvencionará un autobús desde Soria para asistir a esta movilización que tendrá como lema: “por la estabilidad de los trabajadores públicos como sanción al abuso de temporalidad de la administración».
