El Diputado, Tomás Cabezón, y los Senadores, María José Heredia y Gerardo Martínez, respaldan con su presencia las reivindicaciones de los agricultores sorianos
Los parlamentarios del Partido Popular de Soria han querido destacar que el grupo Popular en el Congreso ya presentó un Plan de Choque el pasado mes de febrero a través de una Proposición en el Congreso con 29 medidas urgentes destinadas a relanzar el sector agroalimentario.
El Diputado Nacional, Tomás Cabezón, ha querido destacar que se trata de impulsar la competitividad y la sostenibilidad de las explotaciones agrarias para resolver los problemas que ha generado la inacción del Gobierno de Sánchez. La iniciativa destaca la disminución de la renta agraria bajo el mandato del Gobierno socialista, así como el aumento del paro agrícola. Asimismo, se pone de manifiesto la importancia de una buena negociación de la PAC para la viabilidad de buena parte de las explotaciones agrarias, a lo que se suma la crisis de precios y también la de aranceles impuestos por la administración norteamericana a productos españoles como el aceite, la aceituna o el vino.
Los parlamentarios sorianos consideran que es necesario adoptar medidas con carácter urgente para paliar dichas dificultades y para mantener un sector moderno, competitivo y sostenible, y se insta al Gobierno en primer lugar a elaborar un Plan para la gestión de Crisis Agrarias y Estabilización de Rentas que permita dar respuesta inmediata cuando surjan situaciones imprevistas.Entre las propuestas del Grupo del Partido Popular figura la de analizar el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, por regiones y sectores, en la rentabilidad y viabilidad de las explotaciones agrarias, para poder establecer mecanismos de compensación.
Otras medidas serían la de establecer un nuevo Plan de Seguros Agrarios que haga atractiva su contratación, con seguro de ingresos asociado a variaciones de precios; reducción de módulos fiscales en sectores con problemas; desgravar las primas a la primera instalación de jóvenes y a inversiones en explotaciones agrarias; préstamos bonificados para sectores en crisis; bonificar las cotizaciones a la Seguridad Social; tarifa eléctrica especial para que no se pague la potencia máxima cuando la actividad es menor a 12 meses, o promoción de energías alternativas.
Asimismo, se pretende la modernización de regadíos, garantizar el acceso ágil a internet en todos los municipios rurales, aprobar un Plan de control de la fauna silvestre y renegociar con eficacia los aranceles que penalizan las ventas de productos españoles muy por encima de nuestros competidores europeos.En relación a la cadena alimentaria, entre las medidas propuestas está la de reforzar los instrumentos de vigilancia económica y sistemas de alerta temprana; implantación de medidas de garantía para estabilización de rentas que complementen la PAC, facilitando a los productores la gestión de la volatilidad y el futuro de su actividad; realizar la transposición de la directiva relativa a prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario; afrontar reformas legislativas para impedir de manera efectiva la venta a pérdidas, y alcanzar un consenso para garantizar la estabilidad de los precios.Finalmente, se insta a la Unión Europea y a sus países miembros a un mayor control, en cantidad y calidad, de las importaciones de terceros países, garantizando la competencia en igualdad de condiciones.
Tomás Cabezón ha querido hacer especial incidencia en que se trata de impulsar ayudas europeas para las zonas especialmente despobladas y de restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales precisas para que nuestros productos no estén sometidos a aranceles diferentes a los de nuestros países competidores.En cuanto a la PAC, se insta al Gobierno a que negocie los recursos necesarios para asegurar una renta viable y la sostenibilidad del sector a largo plazo, nunca con una dotación inferior a la actual.Este paquete de medidas se produce tras un diálogo del PP con las asociaciones agrarias, al contrario que ha hecho el Gobierno en su reciente Real Decreto.
