Pedirán que se estudien todas las posibilidades de solución y que el inicio de un nuevo proceso de contratación sea la última opción que se contemple.
Los Parlamentarios Tomás Cabezón, María José Heredia y Gerardo Martínez se reunirán el próximo jueves, día 30 de julio, en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con el Subdirector General de Planificación Hidrológica para trasladar la preocupación de los vecinos de las Tierras Altas de Soria por el futuro de las obras de la Presa del Río Mayor, que llevan paralizadas más de dos años y para conocer las actuaciones que se están llevando a cabo desde el Ministerio para garantizar la continuidad de la obra. Una obra imprescindible para el abastecimiento de agua potable cuya interrupción compromete seriamente el desarrollo en esta zona de la provincia.
La adjudicación de las obras para la construcción de la Presa se hizo a la empresa Sarrión en UTE con Aglomerados Numancia. Se licitó en 6.132.000€ y se adjudicó en 3.701.128€, con una baja de casi el 40%. La cantidad de obra ejecutadas asciende a un millón de euros.
El empresario adjudicatario ha planteado la necesidad de un modificado por problemas aparecidos en el proyecto. La falta de acuerdo sobre este modificado de obra es lo que ha conducido a la paralización de la obra.
Uno de los fallos más graves del proyecto, que alega la empresa, es no haber detectado la importante presencia de pirita en la composición del suelo lo que obliga a utilizar materiales específicos como el cemento sulforresistente. Solo hay una empresa en España que lo fabrica y esto encarece la obra. Los precios que marca la CHE para este tipo de hormigón es a 12€m3 y la única empresa que hay en España que lo suministra lo suministra a 20€m3. Ocho euros de diferencia por más de 15.000m3. Este incremento de gasto es fundamental para acordar el modificado.
Con la propuesta de la empresa, el coste de la obra se incrementaría en un 25% del total adjudicado. Aún así quedaría un 15% por debajo del presupuesto de licitación.
La empresa considera que aproximadamente por 4.626.000 se podría acabar la presa con todas las unidades nuevas no previstas en proyecto, y con los cambios que la dirección de obra ha ido indicando al contratista. Esa cantidad es aproximadamente 900.000€ más de lo adjudicado y 1.500.000€ menos de lo licitado.
Los Parlamentarios sorianos trasladarán la necesidad de llegar a un acuerdo entre la Administración y la empresa. Consideran que los costes de suspender, liquidar y volver a adjudicar el proyecto son incalculables, y no solo en el plano económico. Hay que valorar el coste temporal. Es un proyecto que lleva casi veinte años en trámite.
Si ese acuerdo no fuera posible, pedirán que se analicen todas las posibilidades que ofrece la Ley de Contratos del Estado, como una cesión del contrato a otra empresa, o la participación de TRAGSA. Cualquier solución antes de proceder a la resolución del contrato e iniciar un nuevo proceso de licitación que retrasaría la obra «sine die».
«A este Gobierno le gusta mucho hablar de lucha contra la despoblación con palabras altisonantes y muchas veces vacías. Aquí hay un ejemplo concreto en el que deben demostrar la implicación del Gobierno en la defensa de un territorio despoblado y rico en oportunidades de desarrollo», afirman los parlamentarios sorianos.
