Esta mañana se han presentado las alegaciones ante el recurso del Gobierno por la modificación del toque de queda
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado esta mañana las alegaciones correspondientes al recurso presentado por el Gobierno de España. Recurso ante el Acuerdo 2/2021 de la Junta por el que se modificaba el horario del toque de queda y se adelantaba a las 20:00 horas.
«Esta medida era, es y va a seguir siendo necesaria, para proteger la vida y la salud de las personas de nuestra comunidad autónoma ante el crecimiento vertiginoso de los contagios en el mes de enero» ha señalado Mañueco.
Para el presidente era «necesario actuar y tomar decisiones de manera urgente. No había tiempo que perder». Por ello se adoptó la medida tras escuchar a los expertos, ayuntamientos y diputaciones y a distintos representantes de la economía de la CCAA.
La Junta adoptó las decisiones del cierre perimetral, de la reducción de aforo en lugares de culto, reducción de reuniones de no convivientes a 4 y el adelantamiento del toque de queda a las 20:00 horas. La administración regional entendió que esta última era «una medida equilibrada que nos permite proteger a las personas. Creemos que está avalada por varias razones. Desde los criterios jurídicos nos han indicado que es un acto legal, que protege la vida por encima de cualquier otro derecho, como puede ser el de la libertad de circulación de las personas».
En este punto de su intervención el presidente ha aducido a una sentencia en la que se pronunciaba el derecho a la vida: «reconocido en el art. 15 de la CE, es la proyección de un valor superior que inspira todo el ordenamiento jurídico constitucional. Es un requisito previo y necesario, para el disfrute de los demás derechos y libertades. Cumple con el juicio de proporcionalidad».
Mañueco explica que es una decisión fundamentada en juicio de idoneidad por permitir frenar la pandemia. De necesidad, urgente para la salud pública. Y proporcional, trayendo más benéficos a la protección de la vida humana, y evitar mayores daños a terceros.
LEGITIMIDAD DEL GOBIERNO PARA RECURRIR
Desde la Junta han alegado que la medida acordada «es atribuible al Gobierno de la nación. Se podrá discutir si el gobierno tiene legitimidad para presentar un recurso ante el acuerdo de la Junta«. «Tras la comunicación oficial que hicimos al Gobierno, no hemos recibido respuesta formal. Tampoco nos han preguntado ni pedido aclaraciones sobre la legitimidad jurídica del Acuerdo» explicaba el presidente regional.
«El Gobierno ha apostado por la vía judicial, pero no utiliza las medidas cautelarísimas, que se pide al Tribunal Supremo, para frenar de forma inmediata los efectos del Acuerdo de la Junta» añadía Mañueco.
Para el presidente de Castilla y León, «el Gobierno en vez de apostar por el diálogo, ha apostado por la vía judicial. No se cree la gobernanza que todos necesitamos en estos momentos«.
CONSEJO INTERTERRITORIAL
El presidente de la Junta de Castilla y León ha explicado además que el adelanto del toque de queda no fue objeto de votación del Consejo Interterritorial de Salud.
«Hemos hecho una defensa de que la adopción formal del acuerdo ha sido impecable»:
- Se dicta por el presidente como autoridad
- Es publicada en el BOCYL
- Se adopta a la vista de los indicadores sanitarios, de su evolución, otras circunstancias sociales y económicas, y de movilidad
- Se comunica al ministro de Sanidad
En su exposición, Mañueco ha recordado que el RD del estado de Alarma de finales de octubre recoge la limitación de movilidad de horario nocturno de las CCAA. «Pero no podíamos modular o flexibilizar el horario de la medida. Con la siguiente prórroga, se producen los cambios en los artículos 9 y 10 del RD original, incluyendo la modulación, flexibilización y suspensión del toque de queda».
«Cumpliríamos la decisión del TS inmediatamente, aunque consideramos que las alegaciones están lo suficientemente fundamentadas para mantener el anticipo del toque de queda mientras sea necesario».
Ante la posibilidad de recurrir la decisión ante el Tribunal Superior, Mañueco señala que «lo que está ahora en juego es si el acuerdo debe mantener sus efectos, o por el contrario, el Tribunal Supremo entiende que debe suspenderse el acuerdo». Con ello, el presidente explica que se quiere que se estudie por los magistrados el caso en cuanto al efecto que tiene el Acuerdo sobre la pandemia, y no sobre la disputa entre las administraciones.
