Los Populares sorianos apuntan a la empresa DOMUS Nebrija como la principal interesada en la permuta que llevó a cabo el Ayuntamiento de Soria por Pajaritos II
La portavoz municipal del Grupo Popular, Belén Izquierdo, ha explicado la cronología de hechos que se remonta al 2 de marzo de 2023. Se solicita por parte del Ayuntamiento al Registro de la Propiedad la expedición de tres notas simples, de tres fincas, para hacer una permuta del Ayto. y otras de propiedad privada.
El 3 de marzo, DOMUS Nebrija presenta una solicitud en la que se propone la firma de escritura pública de permuta ante notario. La parcela que se permuta, que es la que da acceso a la rampa de Pajaritos II, tiene un uso residencial de vivienda para 7 viviendas: dos libres y 5 en régimen de protección. Por su parte, las parcelas a permutar por DOMUS Nebrija se hallan en la zona de San Pelegrín, en zona de dominio público hidráulico, que es además zona de flujo preferente inundable en 50 años.
En Marzo de 2023 se dicta providencia de alcaldía en la que se indica que la parcela a permutar “actualmente tenga ninguna utilidad que impida su permuta” (se obvia del tema de las viviendas según el PP). «En la misma fecha se data la memoria de adquisición de las parcelas titularidad de DOMUS Nebrija SL y se encabeza según se desprende del informe jurídico emitido a tal fin, pero dicho informe no está incluido en el expediente. También se refieren al informe técnico de tasación, pero no obra en el expediente informe con fecha anterior. El único informe de tasación que hay es de fecha 16 de marzo de 2023″.
En Julio 2023 se aprueba en Junta de Gobierno Local la permuta, y se ratifica ante notario. Éste es el acuerdo que recurren desde el PP por considerarlo no ajustado a derecho.
Permuta como excepción
Respecto a las consideraciones jurídicas, desde el PP apuntan a que “no se ha acreditado por el Ayuntamiento la necesidad de adquirir los bienes de titularidad de DOMUS Nebrija por permuta”. Los Populares apuntan a que la fórmula normal para enajenar bienes patrimoniales de la administración es por subasta, siendo la permuta “una excepción que permite la ley, y que sólo se puede acudir a ella por razones de necesidad, y como sistema excepcional para la enajenación de bienes patrimoniales”. Es por ello que Izquierdo apunta “a tenor del expediente presentado” a que el Ayuntamiento “no es el que estaba interesado en la adquisición de las fincas de DOMUS. DOMUS adquirió estas fincas en noviembre de 2021.”
En el repaso histórico de esas fincas de la calle San Pelegrín, el PP de Soria explica que provienen de un concurso, y que fueron propiedad de una entidad bancaria, y “si de verdad tenía (el Ayuntamiento) ese interés podía haber concurrido al concurso y haber adquirido esta parcela”.
El PP apunta a la empresa
Para el PP está claro que es DOMUS Nebrija, la empresa, la interesada en la adquisición de esas parcelas.
El PP critica además que en la permuta no se hace constar que en el cambio de parcelas se mantenga el fin del suelo origen con el de destino. O lo que es lo mismo: si se trata de suelo urbanizable al que se iba a destinar la construcción de viviendas, se debe mantener así. “No aparecen las viviendas. Además no se ha tenido en cuenta que la parcela cedida está en un sector urbano no consolidado. Precisa para su desarrollo largos y costosos trámites. Se omite además que se encuentra en una zona de dominio público hidráulico”.
“Se trata de una permuta de ocasión, y ocasión para DOMUS Nebrija. Una solicitud de permuta no puede dar lugar a la incoación de un expediente”, a lo que el PP plantea además una pregunta “¿Por qué el Ayuntamiento tiene tanto interés en justificar lo que, a priori, está mal hecho? Ya que ésta es la segunda resolución que impugnamos”.
Belén Izquierdo apunta además a que “todo el expediente Pajaritos II está mal desde un principio. Hay una licencia, clara, y luego se ha hecho lo que ha dado la gana. Y una vez que la empresa hace lo que le da la gana, este Ayuntamiento tiene prisas por regularizar esa situación ¿Por qué?”.
“¿Por qué ahora lo quieren legalizar? Y a coste de 150.000 euros” señala Izquierdo, añadiendo que “tanto el concejal de Urbanismo, y si no es el concejal de Urbanismo, será el alcalde, como máximo responsable, tendrá que dar las explicaciones oportunas. Y la empresa, a la que todavía no la hemos oído”.
