Con este acuerdo se apuesta por la formación permanente, la evaluación y la innovación social de los más de 600 coordinadores de caso que atienden a las víctimas de violencia de género en los 189 CEAS de la Comunidad. Asimismo, se pretende que estos profesionales de referencia, junto a otros trabajadores sociales que intervienen en la atención, contribuyan a la entrada al sistema de servicios sociales de muchas mujeres en situación de vulnerabilidad y puedan recuperar cuanto antes su autonomía personal y social.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y el Consejo de Colegios Profesionales de Trabajo Social de Castilla y León han suscrito su primer convenio de colaboración en el que se establecen las bases para la cooperación entre la Gerencia de Servicios Sociales y dicho Consejo de Colegios Profesionales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Castilla y León. Un acuerdo con el que se pretende reforzar, organizar e impartir formación avanzada en materia contra la violencia de género, participar en el sistema de seguimiento y evaluación tanto de la Agenda 2020 como del modelo ‘Objetivo violencia cero’, y favorecer la comunicación estable para implementar iniciativas en materia de Innovación social.
Por tanto, es imprescindible instrumentar los mecanismos de colaboración entre ambas instituciones, de tal forma que permita que los profesionales implicados en la atención a las víctimas de violencia de género reciban formación sobre el funcionamiento, cauces de comunicación y actuaciones coordinadas en casos de violencia de género y, especialmente, sobre el desarrollo del modelo de atención integral a víctimas.
De esta forma, la Gerencia de Servicios Sociales asume el diseño y la planificación de un programa para la formación avanzada en violencia de género, el compromiso de establecer cauces de colaboración y participación del Consejo de Colegios Profesionales de Trabajo Social de Castilla y León en el seguimiento y evaluación de la Agenda para la igualdad 2020 y de la futura agenda para la igualdad, así como implementar un sistema de intercambio de iniciativas y propuestas sobre innovación social.
Por su parte, el Consejo de Colegios Profesionales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Castilla y León se compromete a organizar y difundir entre dichos Colegios las actuaciones y los programas que se proyecten en ejecución del presente convenio marco, coordinar el desarrollo de las actuaciones y de los programas proyectados por parte de los Colegios Profesionales de Trabajadores Sociales e informar y asesorar sobre aquellas cuestiones que, en el ámbito de sus competencias, plantee la Gerencia de Servicios Sociales en materia de violencia de género.
Los compromisos adquiridos tanto por la Gerencia de Servicios Sociales como por el Consejo de Colegios de Trabajadores Sociales de Castilla y León se traducirán en actuaciones concretas que anualmente se recogerán en convenios de actuación al efecto y recogen como principales líneas de trabajo:
El refuerzo de la formación profesional continuada e innovación para mayor calidad de las intervenciones que se prestan desde el Trabajo Social en el modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género ‘Objetivo Violencia Cero’ de Castilla y León, que está basado en la atención a la persona, facilitando la coordinación entre profesionales para dar una respuesta integral a cada víctima adaptada a sus necesidades en cada momento, fundamentado en el trabajo en red de todos los agentes implicados en la detección, la protección y la atención a víctimas de violencia de género. Y todo ello a partir de un sistema de información único para profesionales de servicios sociales que permite disponer en tiempo real de la intervención realizada con cada víctima y su entorno, compartiendo esa información con otros profesionales: fuerzas y cuerpos de seguridad, jueces y fiscales de violencia de género, sanidad y educación, con un procedimiento de atención y unas herramientas de valoración homogéneas que garantizan el acceso a recursos y servicios, independientemente de donde resida la víctima aproximando la atención en el mundo rural. En definitiva, supone una respuesta desde las administraciones públicas, que se modula en función de las necesidades y contexto de cada víctima.
Potenciar la figura del coordinador/a de caso como profesional de referencia, ya que es quien realiza la primera acogida de la mujer víctima de maltrato, quien valora sus necesidades y analiza su entorno, y también la persona que diseña junto a cada víctima un plan de atención integral.
Promover la especialización en intervención con víctimas de violencia de género a través de una formación continua y diseñada para todos los profesionales que, desde distintos ámbitos, atienden a una víctima. Para dotar de un marco estratégico a dicha formación, la Junta de Castilla y León ha recogido en el Plan de Formación 2019-2022 sus objetivos y líneas de actuación, ya que se trata de un plan flexible, que se irá revisando año a año con la finalidad de adaptar sus contenidos a las nuevas situaciones que vayan surgiendo. En sus primeras fases de aplicación, este Plan ha demostrado su capacidad para dar respuesta a las necesidades de mejora del sistema de atención.
De esta forma, se pretende que el Consejo de Colegios de trabajadores sociales sea la referencia de una profesión que forma parte esencial de la puerta de entrada al sistema de servicios sociales de muchas mujeres en situación de vulnerabilidad y que también supone un significativo apoyo hacia la puerta de salida, tras el proceso de intervención social ya que, recuperar la autonomía personal y social de las víctimas de violencia de género es un objetivo siempre presente pero muchas veces olvidado por la dificultad en su consecución debido a que, en ocasiones, se generan inercias y dinámicas de dependencia difíciles de romper.
Los colegios profesionales de trabajadores sociales son corporaciones de derecho público entre cuyos fines se encuentran la ordenación del ejercicio de la profesión, la representación exclusiva de la profesión en sus respectivos ámbitos territoriales y la formación permanente de las personas colegiadas. Entre sus funciones cabe destacar la colaboración con las Administraciones Públicas para la consecución de los objetivos propios de la profesión, por lo que este Convenio cubre este objetivo, permitiendo contribuir a una mejora de la atención social en el ámbito de la violencia de género.
