Todas las diputaciones provinciales y las capitales de provincia han aprobado un Plan de Medidas Antifraude. De los otros nueve ayuntamientos incluidos en la fiscalización, no capitales de provincia, siete no lo han hecho
233 entidades locales de Castilla y León participaban del 1 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022 en la ejecución de medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia al haber obtenido fondos
El Consejo realiza nueve recomendaciones para mejorar la implantación de los planes dirigidas singularmente, según los casos, a las 27 entidades locales auditadas
El Consejo de Cuentas ha entregado en las Cortes de Castilla y León el informe sobre la fiscalización del cumplimiento de la obligación de implantar un plan de medidas antifraude en los municipios de la Comunidad que hayan sido beneficiarios del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (FRTR) en el ejercicio 2022.
El informe recoge que todas las diputaciones provinciales y las capitales de provincia de Castilla y León aprobaron un Plan de Medidas Antifraude, y que, de los nueve ayuntamientos no capitales de provincia incluidos en el ámbito de la fiscalización, dos lo aprobaron (Aranda de Duero y Medinaceli) y siete no lo han hecho (Solana de Rioalmar, Sahagún, Bárcena de Campos, Arapiles, Fuente de Santa Cruz, Traspinedo y Fuentesaúco).
La falta de operatividad total de la herramienta CoFFEE -sistema de gestión e información de la ejecución del Plan de Recuperación- no contribuyó al conocimiento de sus obligaciones por parte de algunas entidades locales.
El Consejo realiza nueve recomendaciones para mejorar la implantación de los planes, dirigidas singularmente, según los casos, a las 27 entidades que fueron objeto de esta fiscalización, coordinada entre el Tribunal de Cuentas y los órganos autonómicos de control externo. Entre ellas, la realización de evaluaciones de riesgo, el establecimiento de un sistema de control interno eficaz o las consultas a bases de datos como herramienta de detección, tanto del fraude como del conflicto de intereses y de la doble financiación.
Los planes antifraude son un instrumento exigido por la normativa comunitaria y nacional para toda entidad que participe en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), puesto en marcha tras la crisis del COVID-19.
En esta auditoría operativa se valoran los sistemas y procedimientos adoptados por las entidades para la aprobación, implantación y seguimiento de los planes antifraude, de acuerdo con lo previsto en el sistema de gestión del PRTR, para que las mismas puedan garantizar y declarar que los fondos recibidos se han utilizado conforme a las normas aplicables, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
En el ámbito temporal de esta auditoría, del 1 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022, un total de 233 entidades locales de Castilla y León eran beneficiarias y participaban en la ejecución de medidas del PRTR al haber obtenido fondos. La fiscalización se extendió a 27 de estas entidades, incluidas las 9 diputaciones y las 9 capitales de provincia, que tienen la obligación de aprobar un plan antifraude. El informe analiza las medidas antifraude adoptadas, chequea los planes de medidas, la puesta en práctica de medidas de detección del fraude, así como las medidas de prevención y corrección.
En cuanto al análisis de medidas adoptadas de prevención del fraude, con carácter general, a partir de la entrada en vigor de la Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública de 2021 por la que se configura el sistema de gestión del PRTR, las entidades locales han realizado el test de autoevaluación y riesgo sobre el conflicto de intereses, la prevención del fraude y la corrupción, y tienen previsto realizar su revisión anual. No ha realizado esta autoevaluación la Diputación de León, los Ayuntamientos de León y Zamora, así como los siete ayuntamientos que no han aprobado el Plan de Medidas Antifraude.
Con relación al análisis de los planes de medidas antifraude, 13 entidades aprobaron sus planes dentro del plazo previsto y 7 lo hicieron fuera de dicho plazo. Las diputaciones de León y Soria, así como los ayuntamientos de Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid, Zamora, Aranda de Duero y Medinaceli no remitieron el Plan al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
Los planes de todas las entidades se estructuran en torno a los cuatro elementos clave del ciclo antifraude: prevención, detección. corrección y persecución.
Si bien todas las entidades han previsto realizar una evaluación periódica del riesgo de fraude, con diferentes frecuencias, tan solo realizaron esta evaluación inicialmente las diputaciones de Burgos, Palencia y Valladolid, y los ayuntamientos de Ávila, Soria y Valladolid; todas ellas lo hicieron por sus propios medios.
Además, todas las entidades, a excepción de la Diputación de León, que prevé su elaboración por el Comité antifraude, han previsto en su plan el establecimiento de señales de alarma, centradas en el área de contratación y subvenciones.
En materia de prevención, con carácter general, el contenido de los planes se ajusta a lo previsto en el sistema de gestión. Todas las entidades, a excepción de la Diputación de León, se refieren a un código ético o de conducta y adoptan una declaración institucional o política a la que se ha dado difusión, manifestando su compromiso contra el fraude y comunicando su tolerancia cero ante el mismo. La Diputación de León ha señalado que aprobará el código ético y adoptará la declaración institucional, en ambos casos, a propuesta del Comité antifraude.
Se contempla, con carácter general, la previsión de formación y concienciación sobre la lucha contra el fraude por parte de todas las entidades, si bien las Diputaciones de León y Segovia, así como los Ayuntamientos de León y Zamora no las han desarrollado.
La mayoría de las entidades recogen como medidas preventivas un control interno eficaz, el análisis de datos y la segregación de funciones y responsabilidades en las actuaciones de gestión, control y pago de fondos del MRR.
Con carácter general, las entidades recogen como medida de corrección la suspensión de los procedimientos, la notificación a las autoridades interesadas y a los organismos implicados, así como la revisión de todos los proyectos que hayan podido estar expuestos al fraude.
Además de las medidas reguladas, para el caso de detección de irregularidades sistémicas, la mayor parte de las entidades ha previsto la revisión de los sistemas de control interno para establecer mecanismos que detecten las incidencias en fases iniciales de verificación.
La previsión expresa de procedimientos de seguimiento solo se contempla en las diputaciones de Ávila, Burgos, Salamanca y Zamora y en los ayuntamientos de Salamanca y Aranda de Duero, que encomiendan al Comité o Comisión antifraude la verificación del correcto funcionamiento de los procesos implementados, la evaluación y revisión de resultados y, llegado el caso, la mayor parte de ellas, encomienda a dicho órgano la propuesta de revisión del plan.
Con carácter general, las entidades definieron en sus planes el conflicto de intereses, sus clases y los actores implicados, incluyendo medidas, tanto de prevención como de detección de estos conflictos, las diputaciones de Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia y Zamora, y los ayuntamientos de Burgos, Valladolid y Aranda.
Todas las entidades constituyeron un comité o comisión antifraude, a excepción de los ayuntamientos de Palencia, Zamora y Aranda de Duero, donde no consta que haya llegado a constituirse.
Las diputaciones de Ávila, Burgos, Palencia, Segovia y Valladolid, así como los ayuntamientos de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Medinaceli aplicaron procedimientos para valorar la posible existencia de doble financiación en la ejecución del PRTR. Todas ellas manifestaron que no tuvieron incidencias previas sobre esta materia.
En cuanto al análisis de las medidas de detección del fraude, las diputaciones de Burgos, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora y los ayuntamientos de Ávila, Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora comunicaron haber hecho un uso efectivo de las consultas a bases de datos, si bien tan solo la Diputación de Burgos y los ayuntamientos de Ávila y Palencia establecieron un procedimiento para ello. Las bases de datos más utilizadas han sido la Plataforma de Contratación del Sector Público y la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Las entidades que habilitaron de forma efectiva un canal de denuncias son las diputaciones de Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora y los ayuntamientos de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Aranda de Duero. Sin embargo, tan solo las diputaciones de Burgos y Salamanca y los ayuntamientos de Burgos, Salamanca, Soria y Valladolid establecieron medidas para detectar denuncias falsas y el procedimiento a seguir, en su caso.
La mayoría de las entidades adoptó medidas para garantizar la confidencialidad, tanto del denunciante como del denunciado y cuentan con una unidad encargada de examinar denuncias y proponer medidas, que normalmente es el Comité antifraude. Según la información facilitada, ninguna entidad recibió denuncias en el periodo analizado.
Como medidas de corrección del fraude, mayoritariamente las entidades han previsto notificar la suspensión de los procedimientos a las autoridades interesadas y a los organismos implicados. También han previsto revisar todos aquellos proyectos, subproyectos o líneas de acción que hayan podido estar expuestos al fraude y, en su caso, retirarlos. Asimismo, con carácter general, se ha previsto evaluar la incidencia del fraude y calificar éste como sistémico o puntual.
En materia de persecución del fraude, mayoritariamente las entidades han previsto comunicar la detección del fraude a la entidad decisora o ejecutora. Todas ellas prevén la depuración de responsabilidades y, la mayor parte, la denuncia de los hechos al Ministerio Fiscal y al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
El Consejo de Cuentas realiza 9 recomendaciones. Entre ellas, los ayuntamientos de Solana de Rioalmar, Sahagún, Bárcena de Campos, Arapiles, Fuente de Santa Cruz, Traspinedo y Fuentesaúco, como beneficiarios de fondos del MRR, deberían adoptar algún tipo de medida, política o declaración de lucha contra el fraude.
La Diputación de León y los ayuntamientos de León y Zamora, deberían realizar anualmente, en el marco de la función de control de gestión, el test de autoevaluación y riesgo sobre el conflicto de intereses, prevención del fraude y la corrupción.
Las diputaciones de León y Soria, así como los ayuntamientos de Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid, Zamora, Aranda de Duero y Medinaceli, deberían remitir su Plan al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
Las diputaciones de Ávila, León, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora y los ayuntamientos de Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora, deberían, a través del Comité o Unidad antifraude, llevar a cabo la evaluación del riesgo de fraude.
Las diputaciones de Segovia y Soria, y los Ayuntamientos de Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Zamora y Medinaceli deberían establecer un sistema de control interno eficaz, adecuadamente diseñado y gestionado con controles que se centren en paliar con eficacia los riesgos que se identifiquen.
Los Comités o unidades antifraude de todas las entidades deberían supervisar que su matriz de riesgos se adapta a lo previsto en la Guía de medidas antifraude.
Las diputaciones de León y Palencia, y los ayuntamientos de Burgos y Zamora, deben adaptar el modelo de Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses para su firma por los contratistas y subcontratistas y por los beneficiarios de las subvenciones y por los intervinientes en los procedimientos relativos a convenios, encargos a medios propios u otros negocios jurídicos que puedan formalizarse.
Todas las entidades deben realizar consultas a bases de datos como herramienta para la detección, tanto del fraude como del conflicto de intereses y de la doble financiación.
Finalmente, las Diputaciones de León, Palencia y Soria, así como los Ayuntamientos de León, Zamora y Medinaceli, deberían habilitar un canal de denuncias externo por remisión al canal del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
