Solicitan un incremento en el porcentaje de aplicación de las ayudas al funcionamiento, la equiparación entre las empresas existentes y las de nueva creación a la hora de recibir la bonificación. También la inclusión en ella de los autónomos y la eliminación de la barrera de los 1.000 habitantes a la hora de aplicar el porcentaje.
Recuerdan al presidente Pedro Sánchez la utilidad de esta medida para la “cohesión territorial, económica y social en nuestro país”. Además de las ventajas competitivas que suponen para España con respecto a otros países europeos a la hora de atraer nuevos proyectos empresariales.
El lobby SSPA se ha dirigido por escrito al nuevo Gobierno para reclamarle una mayor intensidad en las ayudas al funcionamiento. También la equiparación entre las empresas existentes y las de nueva creación a la hora de recibir la bonificación. Además piden la inclusión en ella de los autónomos. En este sentido demandan la eliminación de las diferencias en el porcentaje de aplicación en función de los habitantes de los municipios establecidas en las actuales ayudas.
En sendas cartas registradas, la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) se dirige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón. También a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado. A ambos les recuerda la importancia de estas ayudas. Las consideran un “elemento clave para minimizar el gravísimo problema de despoblación que sufrimos, pues ayudarían no sólo a las actividades económicas existentes, sino que serían un incentivo para la atracción de nuevas empresas a nuestros territorios, y con ello trabajadores y por ende, población”.
Escasa cuantía
Los presidentes de FOES, CEOE Teruel y CEOE CEPYME Cuenca, socios fundadores de la SSPA, recuerdan al Gobierno que las actuales ayudas suponen un total que no llega a los 25 millones de euros entre los tres territorios (6 millones de euros en Soria, 8 en Teruel y 10 millones Cuenca). Una cantidad “totalmente insuficiente para corregir, los desequilibrios estructurales derivados de nuestra despoblación”.
En opinión de los firmantes, la escasa cuantía resultante de la aplicación actual de las ayudas al funcionamiento, “no tendrán un efecto incentivador de cara a la atracción de nuevas empresas a nuestros territorios”. Es por ello que piden incrementar su cuantía. Y lo hacen para que sean “suficientemente atractivas” y puedan “servir de detonante para reactivar nuestra estructura social, económica y demográfica”.
En el marco actual aprobado por el Gobierno, las reducciones para la empresa suponen 22€/mes por trabajador para los contratos indefinidos ya existentes en la provincia; 62€/mes por trabajador para nuevos contratos indefinidos en municipios de más de 1.000 habitantes y 87€/mes por trabajador para nuevos contratos indefinidos en municipios de menos de 1.000 habitantes.
Peticiones
Las organizaciones empresariales de las tres provincias solicitan el incremento de la intensidad de las ayudas, “comparable, al menos, a la que se aplica en Noruega, es decir, una reducción de 10 puntos porcentuales en el tipo de cotización social”.
Además, las organizaciones empresariales solicitan la eliminación de las diferencias en función de los habitantes de los municipios. Explican que en Soria, Teruel y Cuenca, el tejido empresarial es prácticamente inexistente en municipios de menos de 1.000 habitantes. A ello añaden que las infraestructuras industriales en los mismos, son muy precarias como para resultar atractivas para nuevas empresas.
En la actualidad, la intensidad del 20% de bonificación sobre la cantidad cotizada de contingencias comunes de la empresa en nuevos contratos indefinidos sólo se aplica en empresas situadas en municipios de menos de 1.000 habitantes.
Asimismo, piden la equiparación de las empresas de nueva creación (bonificadas con un 15% sobre lo cotizado por contingencias comunes en los contratos indefinidos) con las ya existentes (5%). “La Comisión Europea permitió las ayudas de funcionamiento, precisamente, para compensar los sobrecostes de ejercer una actividad económica en zonas despobladas”.
Autónomos
Por último, vuelven a reclamar la inclusión de los trabajadores autónomos en estas reducciones. Para SSPA son “quienes sostienen la escasa actividad económica, y con ello, la población del medio rural más despoblado”, inclusión que la Comisión Europea permite ya que no ha excluido a los autónomos de las directrices de aplicación de la norma.
FOES, CEOE Teruel y CEOE CEPYME Cuenca han registrado y enviado las cartas con una antelación suficiente para posibilitar los aumentos que solicitan en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Los socios del lobby SSPA insisten en sus escritos en la necesidad de una mayor intensidad y alcance de las ayudas al funcionamiento. Lo hacen para conseguir la “cohesión territorial, económica y social en nuestro país”. Entendiendo, además, que “estas ayudas pueden servir para generar ventajas competitivas con respecto a otros países europeos». Con ello esperan también «ayudar a posicionar nuestro país a la hora de atraer nuevos proyectos empresariales foráneos”.
