La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa agradece la puesta en marcha de las ayudas de funcionamiento por parte del Gobierno Central a la vez que traslada una serie de demandas de cara a que resulten efectivas.
En la rueda de prensa ofrecida por el presidente de CEOE Teruel, Juan Andrés Ciércoles, el presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña, y por videoconferencia, el de FOES, Santiago Aparicio, se ha trasladado la información contenida en la carta remitida el pasado 7 de noviembre al Ejecutivo, con el fin de alcanzar la necesaria cohesión territorial, reivindicando los aspectos que consideran indispensables para mejorar la efectividad de estas medidas.
Esta carta ha sido remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Dolores Montero, al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá y a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.
Mediante esta carta se ha querido señalar que es imprescindible mejorar la intensidad y alcance de las ayudas si de verdad se busca corregir los desequilibrios estructurales que tienen las tres provincias derivadas de sus desventajas demográficas graves y permanentes, y de su creciente despoblación.
Además, en este escrito a los distintos responsables del Gobierno de España se les solicita mantener una reunión para trasladarles la realidad socioeconómica de los tres territorios, con el fin de encontrar la mejor fórmula para la aplicación de estas ayudas.
Logro y peticiones
En este documento se explica que desde la SSPA son conscientes de la trascendencia que ha supuesto la modificación de las directrices por parte de Europa, logro al que las CEOE de las tres provincias y los Gobiernos Regionales hemos contribuido de forma determinante.
Del mismo modo, se explica que “las ayudas al funcionamiento tienen que ser consideradas como parte de un proyecto país, primero por el rol que pueden llegar a alcanzar en la necesaria cohesión territorial de España y en segundo lugar por el factor de competitividad que pueden aportar al país de cara a que empresas ubicadas en Asia que están retornando a Europa consideren la posibilidad de instalarse en nuestros territorios por el atractivo que supone un menor coste laboral vía ayudas de funcionamiento.
Eso sí, a juicio de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa se pide que, con el fin de que estas ayudas sean realmente atractivas para las empresas, es indispensable que se aumente su intensidad, pues la cuantía anunciad está muy alejada de la permitida por la Comisión Europea en las directrices de ayudas de funcionamiento. Así se solicita que sea comparable al menos con la que se aplica en Noruega, siendo esta de una reducción de 10 puntos porcentuales en el tipo de cotización social.
Asimismo, se solicita equiparar las empresas ya instaladas en el territorio con las de nueva creación, es decir los contratos indefinidos existentes y los nuevos – para afianzar el empleo ya generado además de generar nuevo- siendo conscientes de que la propia Comisión Europea aprobó estas ayudas precisamente para compensar los mayores sobrecostes que conlleva ejercer una actividad económica en la tres provincias, es decir, los sobrecostes que sufren las empresas que ya están implantadas en estos territorios.
Al mismo tiempo se pide reconsiderar la modulación territorial, y es que, tras estudiar la localización de suelo industrial en Cuenca, Soria y Teruel, queda patente que los municipios de menos de 1.000 habitantes que cuentan con suelo industrial en las tres provincias, son tan solo 48 de los 657 municipios totales. Además estos polígonos industriales ubicados en pequeños núcleos rurales, adolecen de servicios esenciales para la implantación de empresas, tales como fibra óptica o gas, entre otros. Por este motivo se pide que no haya diferencias entre los municipios, con independencia del número de habitantes de cada uno de ellos.
Por último, se valora positivamente la inclusión de los autónomos en las ayudas de funcionamiento, pero para que sea efectiva la tarifa plana tiene que tener carácter indefinido, al igual que las ayudas de funcionamiento, porque en la práctica, esos tres años se quedan realmente en uno (en la actualidad ya existe esta tarifa plana durante dos años). Es decir, la tarifa plana para autónomos debería mantenerse como las ayudas hasta que las provincias alcancen los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
No debemos olvidar que la actividad económica en el medio rural de Soria, Cuenca y Teruel la mantienen los autónomos. Si analizamos la cifra total de afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos en las tres provincias asciende a 39.173 mientras que el número de empresas activas es de 28.103.
En este sentido, y en relación a estos y otros datos, con fecha 20 de octubre desde la Red SSPA se remitió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un estudio detallado sobre la realidad socioeconómica concreta de las tres provincias.
Por último, la Red SSPA solicita al Gobierno que tenga en cuenta este análisis, que contribuirá a apoyar la toma de decisiones respecto a su aplicación y alcance, a la máxima eficacia en la consecución del objetivo perseguido y también eficiencia en términos de racionalidad del gasto público. Asimismo la SSPA se pone a disposición del ejecutivo para seguir trabajando de manera conjunta en la mejor forma de aplicación de estas medidas.
