Por medio de esta subvención, se financian los costes de matrícula en universidades públicas o privadas de la Comunidad durante el curso escolar 2021/2022, así como los gastos de alojamiento, material escolar, transporte y los de difusión y gestión del programa.
Los avances a favor de la igualdad y la no discriminación por razón de género y el refuerzo de la incorporación de la mujer al mercado laboral a través de programas y sucesivas medidas de apoyo han contribuido a mejorar la situación laboral de la mujer, si bien es preciso seguir reforzando las iniciativas que redunden en la inserción laboral de la mujer de etnia gitana.
La escolarización generalizada de menores gitanos comenzó en España hace poco más de 40 años, lo que ha supuesto una incorporación tardía al sistema educativo de este grupo de población. En materia de género, se encuentran con más dificultades aún las niñas y mujeres gitanas, ya que suelen tener una menor esperanza de vida escolar, menores porcentajes de escolarización y tasas de idoneidad más bajas. Estos aspectos, unidos a situaciones económicas y sociales precarias, condicionan la trayectoria educativa de las mujeres gitanas.
Pese a lo anterior, los datos evidencian que cada vez más personas de etnia gitana llegan a cursar estudios universitarios, siendo la mayoría de ellas mujeres gitanas que se convierten en referentes inmediatos de su propia comunidad.
De ahí el proyecto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de respaldar, a través del programa de becas ‘Luis Sáez’, iniciativas que fomenten la formación e inserción laboral de las mujeres gitanas de Castilla y León, que puedan animar a más personas a seguir su ejemplo.
Estas ayudas se enmarcan en el Programa de Actuaciones Estratégicas con la Población Gitana, presentado el pasado mes de abril por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. En este documento se definen las políticas públicas que va a promover la Junta en torno a este colectivo hasta 2030. La planificación de actuaciones, ordenadas en seis áreas con un total de 73 medidas, tiene como objetivo último proteger y mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables y favorecer su inclusión social y laboral. El presupuesto estimado para su aplicación asciende a 40 millones de euros en sus diez años de vigencia.
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