Tomás Pérez Urueña, secretario general de UGT Servicios Públicos CyL, Miguel Holguín Boyano, secretario de sanidad de UGT Servicios Públicos CyL, Carlos Arenas Vázquez, secretario de Administración autonómica de UGT Servicios Públicos CyL y Juan Ignacio Vargas Juárez, sector enseñanza UGT-Servicios Públicos Castilla y León han ofrecido hoy una rueda de prensa para exponer las reivindicaciones de los empleados públicos de cara a la proclamación de un nuevo gobierno tras las elecciones autonómica del día 13 de febrero de 2022.
Tomás Pérez ha sido el primero en hablar y ha explicado que esta convocatoria está motivada por la incertidumbre que provocan los comicios del 13 de febrero entre los trabajadores del sector público. Por eso, desde UGT Servicios Públicos, han solicitado una reunión con cada grupo parlamentario en las Cortes de Castilla y León para explicarles sus reivindicaciones, las propuestas aprobadas y
pendientes, las promesas incumplidas por parte del ejecutivo de Mañueco y las necesidades futuras de los trabajadores de la Administración. Para el Secretario General de UGT Servicios Públicos CyL, “esta pandemia ha demostrado que los servicios públicos son esenciales y no se puede trabajar contra ellos. Queremos mayor implicación de la Administración con el desarrollo y los derechos de los
trabajadores de cada sector público”.
El siguiente en intervenir ha sido Miguel Holguín, que ha asegurado lo difícil que es anticipar qué esperar de la siguiente legislatura porque, en palabras del secretario de sanidad, “podemos encontrarnos con unas fuerzas en el gobierno de la Junta que nos empujen ya no a exigir y a reivindicar la defensa y la potenciación de la sanidad pública de la región sino a pelear y defender cada centímetro del
camino recorrido en la conquista de derechos laborales, sociales y económicos de la sociedad castellano y leonesa y de sus trabajadores y trabajadoras del servicio público de salud”.
Y es que, para Holguín, “más allá de un acuerdo “histórico” vergonzante, no ha habido ni un nuevo modelo de Carrera Profesional que dignifique la labor del personal de SACYL, ni un avance en la integración del personal de Área en los equipos de Atención Primaria tan necesarios para mantener nuestra sanidad rural, ni un movimiento en el reconocimiento del grupo B para los Técnicos superiores sanitarios, ni un paso en la aprobación de la categoría profesional de Técnico en Emergencias Sanitarias”.
De hecho, para la organización sindical, “es fundamental recuperar la credibilidad y el dialogo de las instituciones con sus trabajadores y con sus representantes”. Por eso, para el secretario de sanidad de UGTSPCyL, «la ideología de lo colectivo, de la rentabilidad social y del bien público debe primar y constituir un cordón sanitario, nunca mejor dicho, contra privatizaciones, enriquecimientos ilícitos y
fascismos».
Después, Carlos Arenas ha recordado que la Junta de Castilla y León suscribió una serie de acuerdos con los representantes de los trabajadores para recuperar una gran parte de los derechos que habían sido arrebatados a los empleados públicos a raíz de la «crisis de 2008». Entre otros, incluían la recuperación de la jornada laboral a 35 horas, «sistemáticamente incumplida por el Presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha maltratado a sus empleados con sus políticas privatizadoras, con su negativa a plasmar en acuerdos el reconocimiento de diversos derechos de los trabajadores y con su nefasta política de personal».
En esta línea, ha detallado que la Consejería de Familia y, concretamente, la Gerencia de Servicios Sociales ha excluido de la aplicación de las normas que en su día se publicaron en aras a evitar los contagios por la pandemia, no se sustituyen las bajas médicas cuando estas se producen y, por el mismo motivo, les ha denegado permisos y vacaciones, además de la posibilidad de acudir a cursos de
formación.
Por otro lado, según Arenas, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente sigue manteniendo los servicios de prevención y extinción de incendios con contratos de cortísima duración (muchos de ellos de 3 ó 4 meses al año) y, además, no les dota de los recursos materiales necesarios para el desempeño de su labor. De esta Consejería depende también el mantenimiento de nuestras carreteras que apenas disponen de medios y, los que existen, según el secretario de Administración autonómica, «son escasísimos y obsoletos por lo que se ven obligados a trabajar en unas condiciones casi tercermundistas, por no hablar de las condiciones de nuestros laboratorios donde veterinarios, químicos, ingenieros, etc”.
En este sentido, Carlos Arenas también ha querido denunciar «una práctica muy habitual en la Junta de Castilla y León: el extremado abuso de las comisiones de servicio y de las interinidades». De hecho, UGT ya ha denunciado en varias ocasiones que «estos abusos permiten que el 70% de las plazas de esta administración no estén ocupadas por sus titulares».
