El objetivo perseguido con este programa de formación es lograr la mejora constante de la calidad y eficiencia de los servicios y, a su vez, lograr una justicia eficaz que garantice la tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos, mediante la mejora de la formación continua y preparación de los fiscales, letrados y otros profesionales de la Comunidad.
El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, y el Fiscal Superior de Castilla y León, Santiago Mena Cerdá, en representación de la Fiscalía General del Estado, han firmado hoy, en Valladolid, el convenio en materia de formación continua de fiscales.
De esta manera se da continuidad a la colaboración anual existente entre ambas instituciones. A través de este convenio se articula la cooperación entre la Fiscalía General del Estado y la Administración de la Comunidad, por medio de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Consejería de la Presidencia, respectivamente, para el desarrollo de actividades de formación y perfeccionamiento para todos aquellos fiscales con destino en Castilla y León.
Dichas acciones formativas se enmarcan dentro de las que desarrolla de forma habitual la Consejería de Presidencia para su propio personal en relación a cuestiones jurídicas de actualidad, abordando temas que pueden resultar de interés para los fiscales de la Comunidad, por lo que, en las mismas, junto a los fiscales, participan letrados y personal de las diferentes consejerías de la Junta de Castilla y León, en función de la temática abordada.
Se pretende así dar cabida a los fiscales de la Comunidad en dichas actividades de formación, no solo beneficiándose de tal actividad formativa, sino también interviniendo de forma activa en la planificación de la programación de los cursos.
Asimismo, el convenio posibilita la participación de los fiscales en las actividades formativas que desarrolla la Consejería de la Presidencia en el marco del Convenio suscrito en materia de formación continua con el Consejo General del Poder Judicial para los jueces y magistrados.
Las diferentes actividades que pueden desarrollarse en el marco del citado convenio pueden consistir en Congresos, Seminarios, Coloquios, Jornadas y Cursos, pero también pueden implicar la realización de investigaciones, publicaciones y estudios que puedan contribuir a la mejora del desempeño profesional.
En los cursos se abordan temas jurídicos de interés y actualidad para los fiscales como los relativos a discapacidad, menores, protección del medio ambiente, violencia de género, patrimonio cultural, acoso escolar, o los relativos a las agresiones frente a empleados públicos en ámbitos como sanidad, educación, entre otros.
El objetivo perseguido con este programa de formación es lograr la mejora constante de la calidad y eficiencia de los servicios y, a su vez, lograr una justicia eficaz que garantice la tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos, mediante la mejora de la formación continua y preparación de los fiscales, letrados y otros profesionales de la Comunidad.
La programación anual prevé la realización de dos cursos de formación. El primero de ellos, bajo el título `Jornada práctica sobre contratación pública y posibles repercusiones penales´, se celebrará el 26 de octubre en el Edificio de Usos Múltiples II de la Junta de Castilla y León en Valladolid. En este curso se analizarán las distintas figuras delictivas que se pueden producir por parte de los licitadores y de los funcionarios durante los procedimientos de contratación de las Administraciones públicas.
La segunda formación tendrá lugar los días 9 y 10 de noviembre en el Palacio de Justicia de Burgos, e incidirá en la implementación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la cual se acometen reformas en la legislación civil y procesal para devolver a las personas con discapacidad su capacidad jurídica.
La Junta de Castilla y León financiará la totalidad de los gastos derivados de la producción de las actividades formativas en el marco de este convenio de colaboración, tales como aulas, docentes y materiales. En el caso de los Congresos o Seminarios, los costes se distribuirán a partes iguales entre la Junta de Castilla y León y las entidades participantes.
