Hoy, 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que promueve la difusión de los derechos que asisten a las personas consumidoras de todo el mundo, y en el ámbito de Castilla y León corresponde a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios de la Comunidad.
En esta fecha, desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo se destaca la importancia que tiene la protección a los consumidores en un momento como el actual, en el cual el incremento del coste de la vida y, sobre todo, las fuertes subidas de los precios de los suministros básicos, entre los que destacan los de la luz y del gas, comprometen las economías familiares de muchos hogares de Castilla y León.
La actividad desarrollada por la Junta Arbitral de Consumo Castilla y León se ha incrementado de forma sustancial en muy poco tiempo, habiéndose pasado de 1.900 reclamaciones registradas en 2020 a 2.984 nuevas reclamaciones registradas en 2022, de las cuales el 43 % versaban sobre desacuerdos de consumidores con empresas suministradoras de luz y/o gas. Esta tendencia se está acelerando y, a fecha 13 de marzo de 2023, ya se han registrado 1.170 nuevas reclamaciones de arbitraje de consumo, de las cuales el 56 % son conflictos de consumidores domésticos sobre contratos de suministros de luz y/o gas.
Estas cifras revelan el descontento de los consumidores de Castilla y León con la actual situación del sector energético, y en una fecha como la de hoy, en la que se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, es necesario reclamar la intervención urgente por parte de las autoridades competentes nacionales –cuya gestión excede de las competencias que tienen las administraciones autonómicas de consumo– para que se apruebe a la mayor brevedad la correspondiente legislación que evite el incremento de los precios de la luz y del gas, así como la utilización de determinadas prácticas comerciales que se están aplicando para modificar los contratos de estos suministros básicos, subiendo el precio en perjuicio de muchos consumidores, especialmente los más vulnerables, como son los mayores.
Actividad de la Inspección de Consumo para garantizar la protección de los consumidores
Durante 2022, en cumplimiento del Plan de Vigilancia del Mercado y Control Oficial anual, se han realizado 8.721 actuaciones de inspección: 3.585 fueron las correspondientes al control sistemático del mercado; 770 a campañas específicas de control; 3.038 actuaciones en el marco de la Red de Alerta de productos de consumo no alimenticios;12 debidas a notificaciones remitidas por el Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación Aduanera (SOIVRE); 11 correspondientes a notificaciones de productores y distribuidores; 229 en las que se procedió a la tomas de muestras; y 1.076 actuaciones correspondientes a reclamaciones y denuncias presentadas por los consumidores.
Durante 2023, la Inspección de Consumo tiene programadas 4.297 actuaciones de control, de las que 3.583 se efectuarán en establecimientos mercantiles y 714 tendrán lugar en el ámbito del comercio electrónico, realizando actuaciones específicas de inspección y control en campañas nacionales y autonómicas programadas.
Pero además de estas actuaciones inspectoras, desde la Dirección General de Comercio y Consumo se están impulsando otras actuaciones para la defensa de los consumidores de Castilla y León que son objeto de una fuerte demanda ciudadana.
Así, cabe destacar el servicio de contestación a las consultas que plantean los consumidores directamente a la Administración, que han experimentado un fuerte crecimiento como consecuencia de los cambios vertiginosos que se están produciendo en las relaciones comerciales y de consumo. De hecho, durante 2022 se ha simplificado el acceso a las consultas a través de internet en el portal corporativo de la Junta de Castilla y León y se ha reforzado la atención telefónica, de manera que sólo en los servicios centrales de la propia Consejería se han resuelto por estas vías más de 8.000 consultas durante el año.
Pero, sin duda, la actuación de la administración autonómica en defensa de los consumidores que está adquiriendo un protagonismo creciente es la desarrollada por la Junta Arbitral de Consumo de Castilla y León. A través del procedimiento arbitral de consumo, que es totalmente voluntario para las partes, se resuelven numerosos conflictos, siendo una alternativa al procedimiento judicial de carácter totalmente gratuito para los consumidores y las empresas afectadas.
