La Junta de Castilla y León ha materializado esta mañana, a través de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, tras el Acuerdo del Gobierno autonómico alcanzado el 29 de agosto, con el informe favorable que el Consejo Consultivo elaboró previamente.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha asegurado que “la aplicación de la Ley de Amnistía ha supuesto unos privilegios para ciertas personas que han cometido unos hechos delictivos de extraordinaria gravedad. Por eso, confiamos en que el Tribunal Constitucional admita y estime este recurso que hoy se ha interpuesto”.
Sin poner en duda la legitimidad de la institución del Tribunal Constitucional, la Junta de Castilla y León considera, además, que «hay determinados magistrados que, por su cercanía a la materia objeto de deliberación, no deberían intervenir en la resolución de este asunto». Por esta razón, el Gobierno autonómico ha pedido la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, del magistrado Juan Carlos Campo y de la magistrada Laura Díez.
Cumplimiento de los compromisos
El consejero de la Presidencia ha asegurado que el Gobierno de Castilla y León es “serio y responsable, y por eso cumple con los compromisos que va adquiriendo con la ciudadanía”.
En este sentido, tal y como avanzó el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y más allá del recurso presentado hoy, la Junta de Castilla y León se comprometió a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por la pasividad que el Gobierno de España está demostrando al no haber convocado todavía una Conferencia de Presidentes para tratar temas de interés común para todas las comunidades autónomas, como fue en su día el de la amnistía, y como son ahora, en particular, la financiación autonómica, la falta de médicos, o la crisis migratoria, vulnerando con ello los principios establecidos normativamente de interlocución multilateral, de ponderación de las competencias de todas las administraciones, y de consenso. Por ello, dicho recurso se interpuso el 25 de julio, y se ha conocido la semana pasada que ha sido admitido a trámite por el Alto Tribunal mediante providencia de 6 de septiembre.
Ahora, el presidente de la Junta cumple con su compromiso de recurrir la Ley de Amnistía, por vulnerar el derecho a la igualdad de todos los españoles que promulga la Constitución. El consejero de la Presidencia ha señalado que la Comunidad de Castilla y León está legitimada para interponer este recurso a una ley que supone un perjuicio y un agravio comparativo entre ciudadanos de diferentes comunidades autónomas y de diferentes ideologías, que ven cómo la aplicación de la ley suprime las consecuencias de la comisión de delitos por parte de ciertas personas, mientras que para otras el ordenamiento jurídico sigue siendo de obligado cumplimiento.
Por último, también el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado «la interposición de todos los recursos judiciales que sean oportunos ante el inminente concierto económico con Cataluña, si este llega a materializarse, por vulnerar el derecho de cohesión territorial y solidaridad; un derecho que el Gobierno de España pretende, previsiblemente, eludir a través de sus negociaciones con las fuerzas políticas catalanas separatistas, con el único objetivo de pactar la Presidencia de la Generalitat, y que supondría una merma muy importante de los recursos públicos de la caja única, con el consiguiente perjuicio para los servicios públicos que reciben los castellanos y leoneses».
Por ello, González Gago ha advertido “que nadie tenga ninguna duda: el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco siempre va a actuar en defensa de los derechos e intereses de los castellanos y leoneses, y del respeto al estado de derecho recogido en la Constitución, y utilizará todos los cauces legales a su disposición para seguir protegiéndolos”.
