La Junta de Castilla y León presume a diario de su apuesta por casi cada sector económico de la Región. No faltan fotos del presidente Alfonso Fernández Mañueco o de alguno de sus consejeros presumiendo de industria agroalimentaria, digital, gastronómica, turística, energética… Pero hay un sector, el de la televisión, donde los esfuerzos de la Junta caminan justo en la dirección contraria.
La subvención que viene otorgando en exclusiva la junta desde 2009 a Radio Televisión Castilla y León S.A discriminando al resto de televisiones de nuestra comunidad supone un ataque frontal al sector que redunda en la pérdida de población y de talento, con un sector audiovisual empobrecido y poco atractivo. Así lo denuncia la Asociación de Televisiones de Castilla y León, Atecyl.
En concreto, en lo que al personal respecta, esta subvención permite a Radio Televisión Castilla y León S.A contratar un número de trabajadores que está vedado para las demás televisiones. Y ello se traduce en que, posteriormente a la hora de negociar el Convenio Colectivo del sector televisivo en nuestra comunidad, sea RTVCYL SA quien acuerde decisiones en el ámbito laboral que afectan a todos los demás. Dicho de otra forma, la mesa sectorial negociadora está compuesta en su totalidad por representantes de una única empresa. Una empresa cuya principal fuente de ingresos es el dinero público vía subvención, lo que permite una negociación claramente lesiva para empresas más pequeñas. Así los acuerdos alcanzados generan una brecha significativa entre el personal que puede llegar a contratar RTVCYL y el resto de las Televisiones de la Comunidad. El trabajo en todos los casos es el mismo, la cualificación también. Sin embargo, la negociación se afronta de manera diferente cuando el dinero sale del bolsillo del contribuyente.
Mientras RTVCYL puede contratar cuantos trabajadores le apetezca consciente de que su dinero llueve del cielo, otras televisiones deben conformarse con lo mínimo, lo que afecta a su capacidad para competir e informar. Esto empobrece al sector audiovisual.
Y aquí viene el efecto dominó en otros aspectos. El primero de ellos, desde el punto de vista de la formación. Una comunidad autónoma potente en su sector audiovisual, está llamada a tener mejores profesionales, a fijar población y a atraer profesionales de otros lugares que enriquezcan el sector.
Por contra, una Región con una empresa grande destruyendo al resto y condenándolas a la supervivencia, hace poco atractivo el sector e invita, a quienes quieran ganarse la vida con esto, a buscar alternativas fuera de sus fronteras.
En este entorno, el resto de TDT se ven obligadas a realizar contrataciones mucho más austeras y se convierten, más a la fuerza que otra cosa, en aulas formativas. Son la puerta de quienes empiezan en este mundo, algo de lo que las televisiones más apegadas a nuestros territorios nos enorgullecemos, pero con la imposibilidad manifiesta de mantener a esos profesionales una vez han dado sus primeros pasos. Ellos, a su vez, buscan una salida que, casi seguro, será esa televisión privada que es subvencionada con el dinero de todos o marchar fuera de Castilla y León, porque las formas de actuar de la Junta han generado un sector con dos velocidades inamovibles.
La capacidad de una televisión para fijar población es significativa desde muchos ángulos, pero el del empleo es crucial. Que cualquier trabajador pueda desarrollar su vida profesional en una empresa y hacer crecer entorno a esta su proyecto de vida, forma parte de los objetivos de cualquier administración para fijar población. Mientras todo esto ocurre, la Junta de Castilla y León sigue jugando a su juego, pregonando por un lado programas para fijar población, estimular el talento, apoyar a los jóvenes o promover el empleo, y por otro lado actuando del modo más lesivo posible para acabar de hundir al sector audiovisual y sostener una situación de manifiesto y evidente monopolio. Va tocando que la Administración Regional tome cartas en el asunto para, equilibrar las reglas del juego y poner en idéntica situación a todas las televisiones de Castilla y León destinando las mismas cantidades económicas a todas las empresas privadas del sector, pues ello supondrá una mejora en el empleo y en los servicios que estas empresas prestan al ciudadano. Mal vamos si lo único que nos preocupa es, como hasta ahora, utilizar ingentes cantidades de fondos públicos para sostener la economía de los dos constructores propietarios de RTVCYL SA, lesionando al resto de televisiones
