La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, siendo consciente del importante esfuerzo del personal de las Oficinas Territoriales de Trabajo para la tramitación de los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTES), que a día de ayer sumaban 24.990 solicitudes, quiere trasladar su preocupación ante la resolución de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León, de 30 de marzo de 2020, por la que se acuerda ampliar en cinco días el plazo máximo para la resolución y notificación de los ERTES por fuerza mayor regulados en el artículo 22 letra c) del RD Ley 8/2020, de 17 de marzo, y que ya fijaba inicialmente un plazo especial de resolución de cinco días.
En opinión de CECALE, esta decisión, que conduce a las empresas de la Comunidad a una situación más extrema y de mayor confusión, resulta incoherente y contradictoria con la propia actuación del órgano autonómico que, pese a que ya preveía el volumen de expedientes que día a día se iban a presentar en nuestra región, se comprometió el pasado 25 de marzo, en el marco del acuerdo firmado con los agentes del Diálogo Social, a resolver los citados expedientes a la mayor brevedad posible.
La Confederación respeta la decisión adoptada por la Junta de Castilla y León, pues advierte de que, muy probablemente, responde a la innumerable normativa que viene dictándose por parte del Gobierno central desde la declaración del Estado de Alarma; normativa, en muchas ocasiones, improvisada y contradictoria.
En su opinión, no se entiende que las Oficinas Territoriales de Trabajo dispongan de cinco días para resolver, que es el mismo plazo que tiene la Inspección para remitir el informe que constate la existencia de fuerza mayor- en el caso de que fuera solicitado por la autoridad laboral-, o que se inste a las empresas a comunicar al SEPE, en ese mismo plazo de 5 días, los datos de los trabajadores afectados por el ERTE cuando no se está resolviendo en dicho plazo.
Estos hechos, según CECALE, vienen agravar la situación en la que se encuentran las empresas, puesto que, al problema económico que están atravesando, se les añade dificultades burocráticas en la tramitación de sus expedientes.
