Jesús Ángel Peregrina y Pedro Antonio Heras han atendido a los medios de comunicación en rueda de prensa para abordar la gestión del Gobierno sobre el Ingreso Mínimo Vital.
«Desde la publicación en el BOE del Ingreso Mínimo Vital, se han solicitado 750.000 solicitudes, de las cuales se han resuelto 33.000. Han pasado más de 3 meses y se han concedido tan solo un 12%».
El procurador regional, Jesús Ángel Peregrina, afirmaba que «en CyL existe desde hace 10 años la Renta Garantizada de la Ciudadanía, que se aprobó con un presupuesto de 550 millones de euros y que cumple con los mismos objetivos y que además es incompatible con el Ingreso Mínimo Vital».
Por su parte, Pedro Antonio Heras ha hecho referencia a las actuaciones de la Junta de Castilla y León. «Reivindicamos que sea la administración de la Junta quien gestione el Ingreso Mínimo Vital, porque hemos demostrado sobrada experiencia en la gestión de estos fondos». Heras anunciaba que desde la Junta se ha tramitado con urgencia una ley que garantice «una ayuda directa para las familias que les permita compensar la pérdida de dinero al acceder al Ingreso Mínimo Vital», porque tal y como afirmaba Heras, a las familias que han accedido al Ingreso Mínimo Vital se les ha denegado la ayuda de la Renta Garantizada, por ser incompatibles ambas ayudas, y recibiendo menor cuantía económica por el IMV que por la ayuda de la Junta de CyL. Solo en Soria, en el mes de julio se han registrado 154 solicitudes para acceder a la Renta Garantizada, y «gracias a las ayudas directas de la Junta, 267 familias podrán beneficiarse».
Peregrina ha destacado que en el mes de Julio, 9000 familias solicitaron la Renta Garantizada, mientras que fueron 3000 las que solicitaron el IMV, de las cuales solo fueron perceptoras 1655 familias, y un 33% de las familias han recibido menos por el Ingreso Mínimo Vital que por la Renta Garantizada. «Lo único que les importa es hacer propaganda, no les importan los ciudadanos ni sus problemas reales», concluía.
Además, entre las reivindicaciones de Heras está la de «tener los mismos derechos que Navarra y Pais Vasco para gestionar el Ingreso Mínimo Vital, que sea la administración de la Junta la que gestione estas cuantías».
