El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) manifiesta su rotundo rechazo al acuerdo tomado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) de no recomendar a los órganos judiciales la suspensión de las vistas, señalamientos, plazos procesales y diligencias no urgentes cuando los abogados tengan que cuidar de familiares afectados por la COVID-19. El máximo órgano judicial de la Comunidad ha adoptado esta resolución como respuesta a la petición formulada por el presidente del CACYL, Julio Sanz Orejudo, el pasado mes de noviembre.
El TSJCyL considera que “lo solicitado por la abogacía repercute de manera negativa en la administración de justicia e insta a los profesionales a procurar su sustitución en los juicios y vistas”. Por su parte, el CACYL considera que esta decisión no atiende al peligro de contagio existente para los jueces, los fiscales, los abogados y los ciudadanos que asisten a los juicios. Además, la abogacía de Castilla y León define el acuerdo como un retroceso en el impulso a la conciliación de la vida familiar y profesional, que intenta favorecer el reparto de responsabilidades entre mujeres y hombres a la hora de cuidar a los hijos y a los parientes cercanos.
En la misma línea de la petición formulada por el CACYL al TSJCyL se sitúa la solicitud planteada por las asociaciones de jueces al Consejo General del Poder Judicial para la concesión de permisos retribuidos para jueces y magistrados que deban cuidar de familiares afectados por la COVID-19. Desde el Consejo de la Comunidad constatan que en otros tribunales superiores autonómicos, como en el caso de Asturias, sí han atendido a las solicitudes enviadas por los profesionales en idénticos términos.
