La Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León y el Instituto Tecnológico Agrario han firmado un protocolo de colaboración para mejorar el control de calidad de los productos agroalimentarios que se comercializan como productos ecológicos o productos amparados por alguna de las figuras de calidad diferenciada (Denominación de Origen, Indicación Geográfica Protegida, Especialidad Tradicional Garantizada). Con este protocolo se pretende reforzar la coordinación del control oficial en la comercialización de estos productos con el fin de proteger tanto al consumidor como a las propias figuras de calidad frente a posibles abusos o fraudes.
La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un nuevo protocolo de coordinación para mejorar el control de calidad de los productos que se comercializan como productos amparados por marcas protegidas o como productos ecológicos. Este protocolo permitirá mejorar la planificación y coordinación de las actuaciones que se lleven a cabo por parte de las autoridades competentes en esta materia dentro de la Administración Autonómica; por un lado, la Consejería de Empleo e Industria, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo, y por otro, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
La medida pretende garantizar que los consumidores puedan identificar correctamente estos productos en el mercado evitando cualquier práctica que les pueda inducir a error sobre la naturaleza, el origen y modo de fabricación u obtención de estos productos que tienen cada vez una mayor demanda. Paralelamente, evitando estas prácticas, se contribuye también a proteger las marcas de garantía y a los productores.
El protocolo viene a considerar toda la cadena alimentaria como un continuo desde la producción primaria hasta la venta o el suministro de alimentos al consumidor final, velando por el cumplimiento de la normativa que afecta a estas figuras de productos alimentarios, garantizando la eficacia y efectividad de los controles oficiales y armonizando las actuaciones de control de las autoridades autonómicas competentes en el marco del Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria (PNCOCA).
Mediante este protocolo se constituye un grupo de trabajo que se encargará de coordinar y colaborar en la elaboración de protocolos de inspección “ad hoc”, la realización de actuaciones de inspección conjuntas en los establecimientos que se determinen, la toma de muestras que permitan verificar el cumplimiento de la legislación en materia de calidad alimentaria diferenciada, así como cualquier otra actuación que se considere necesaria para el cumplimiento de los objetivos.
Este grupo de trabajo se encargará, además, de elaborar un plan anual de actuaciones en función del riesgo. El plan determinará los productos, establecimientos y aspectos sobre los que se realizarán los controles en el año en curso, con el propósito de que cada cinco años se efectúen controles en todas las categorías de productos. Estos controles se programarán en función del riesgo, para lo que se efectuará un análisis de riesgos que tendrá en cuenta los riesgos derivados del valor económico del producto, el lugar de venta del producto, el histórico de fraude en el producto, las denuncias y reclamaciones, así como la posibilidad de fraccionamiento. La programación anual se reforzará, cuando se tenga constancia de denuncias, reclamaciones o incumplimientos referidos a alguna figura de calidad, con actuaciones de control de productos de la figura de calidad implicada.
Como norma general, los controles se realizarán en hipermercados, supermercados, tiendas tradicionales de alimentación y en sitios web y plataformas de comercio electrónico. El total de controles que se deban realizar anualmente se repartirá en función de la distribución del gasto en alimentación en los hogares que figure en el Informe del consumo de alimentación publicado anualmente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los controles se distribuirán en los mayores núcleos de población de las diferentes provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de tal forma que en el periodo quinquenal se realizarán controles en todas las provincias.
