El vicepresidente Francisco Igea ha remitido una carta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para mostrar la disposición de la Junta de Castilla y León para cooperar en el establecimiento y ejecución de una política migratoria que luche también contra la despoblación. Para el Gobierno autonómico, aunar política migratoria y despoblación debe considerarse una cuestión de Estado.
La comunicación remitida al Gobierno de España se produce tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo referida al arraigo laboral de las personas inmigrantes, y que viene a reforzar algunas de las cuestiones solicitadas previamente desde la Junta de Castilla y León. En el escrito remitido formalmente este viernes, el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior manifiesta que para este Gobierno autonómico es urgente que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones haga una aplicación inmediata y generosa del pronunciamiento jurisprudencial del Tribunal Supremo para resolver muchas situaciones, e incluso dramas familiares, que muchos inmigrantes están viviendo y que, para la Junta de Castilla y León, contribuya también a paliar el fenómeno de la despoblación que sufre la Comunidad.
Castilla y León -añade Francisco Igea en su carta- ha demostrado su solidaridad con los menores llegados a Ceuta y está comprometida para colaborar en cuanto sea necesario para resolver los acuciantes problemas que son de auténticos ejercicios de derechos humanos.
En el mes de diciembre de 2020, el vicepresidente Igea ya trasladó por escrito al ministro Escrivá su petición de mejorar la coordinación de las políticas migratorias con el objetivo de atender a las necesidades de las personas y, seguidamente, contar con la llegada de personas inmigrantes para el desarrollo de sus proyectos de vida en los municipios y territorios en riesgo grave de despoblación. El vicepresidente también apuntó, en esa misiva anterior, la necesidad de articular soluciones prácticas y reales que posibiliten que aquellas familias que en la actualidad estás arraigadas en Castilla y León o se encuentran en proceso de arraigo no vean truncado su proyecto de vida por interpretaciones legales, limitaciones regulatorias o prácticas burocráticas que impidan su inclusión plena.
