La Consejería de Economía y Hacienda extiende las subvenciones de ayudas directas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado a 570 actividades económicas, el 96,6 % de las actividades de la CNAE
El plazo de presentación de solicitudes se prorroga de nuevo, hasta el 20 de agosto, al objeto de alcanzar la mayor cobertura posible de esta línea de subvenciones para ayudar a autónomos y empresas afectados por la pandemia
La Junta ha tramitado hasta el momento 8.200 solicitudes, con una ayuda media solicitada de 20.600 euros, remitidas ya a la Agencia Tributaria para que certifique que los autónomos y pymes solicitantes cumplen los requisitos y así pagar las ayudas
La Junta ha pedido al Gobierno que flexibilice las condiciones y los requisitos de acceso a las ayudas para llegar a más autónomos y pymes castigados por la crisis provocada por la COVID-19 y poder reactivar la economía de la Comunidad
La Junta de Castilla y León publica mañana la modificación de la Orden EYH/625/2021, de 17 de mayo, de las ayudas directas, a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, por la que se amplían a 570 los sectores susceptibles de ser beneficiarios de las ayudas, lo que supone el 96,6 % de las 590 actividades económicas incluidas en la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas).
La Orden establece, asimismo, las actividades que se excluyen de ser beneficiarias de estas ayudas, que solo suman 20 sectores económicos: actividades financieras y de seguros; actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; así como actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales.
Por otra parte, la modificación establece un nuevo plazo de presentación de solicitudes, que se extiende hasta el próximo 20 de agosto, con el objetivo de alcanzar un mayor número de beneficiarios, para favorecer la recuperación y crecimiento de las empresas de la Comunidad.
Flexibilizar los criterios del Gobierno
Por otra parte, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, remitió el pasado 24 de junio una carta a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, solicitando una revisión de los requisitos y la flexibilización de los criterios para que más autónomos y pymes puedan acceder a las ayudas directas convocadas por la Junta de Castilla y León. La Junta considera que las exigentes condiciones del Gobierno de España establecidas en el Real Decreto-Ley 5/202 de 12 de marzo limitan el acceso a las ayudas.
En este sentido, el consejero ha pedido al Gobierno una revisión de los requisitos, para flexibilizarlos y adecuarlos a la realidad que están sufriendo los autónomos y las empresas castigados por la crisis del COVID-19 y a los que, sin embargo, no pueden acceder por la rigidez de las condiciones normativas impuesta para su obtención.
Cabe recordar que el Decreto estableció solo 89 sectores beneficiarios de estas ayudas, que la Junta incrementó en la publicación de su Orden hasta los 184, un 94 % más de los previstos. En la Orden que se publicará mañana, estas actividades alcanzarán las 570.
Solicitudes tramitadas
Castilla y León ha sido la segunda Comunidad Autónoma que ha convocado la Orden de ayudas directas, al objeto de que los fondos lleguen lo antes posible a las pymes y autónomos más perjudicados por la crisis, así como para poder recuperar la actividad previa al impacto del COVID-19 y contribuir a la recuperación económica y del empleo en la Comunidad.
De esta manera, la Consejería de Economía y Hacienda ha tramitado hasta el momento 8.200 expedientes, que han sido remitidos a la Agencia Tributaria para obtener el correspondiente informe favorable. Así, cuando la Agencia Tributaria certifique que los solicitantes cumplen con los requisitos, la Junta de Castilla y León podrá comenzar a tramitar el pago de las ayudas.
La ayuda media solicitada por las empresas de Castilla y León asciende a 20.600 euros.
Además, la Junta de Castilla y León ha articulado un procedimiento ágil y simplificado para la tramitación de las solicitudes, con la menor carga burocrática para los solicitantes, utilizando siempre que sea posible la fórmula de la declaración responsable y sin exigir requisitos adicionales a los previstos en la normativa. Así, en todo el procedimiento será obligatoria la tramitación electrónica.
