La consejera de Educación y los rectores de las universidades de Castilla y León acordaron en junio mantener el modelo de presencialidad segura que hoy han vuelto a confirmar
Las instituciones académicas continuarán prestando especial atención a las medidas higiénicas y de ventilación. Podrán, además, flexibilizar las distancias interpersonales cuando la situación epidemológica lo permita
Rocío Lucas ha trasladado a los rectores la intención de contar con ellos para fijar ante el Ministerio una posición común a la nueva ley de universidades
Consejería y universidades rechazan unánimemente las novatadas y recuerdan a la comunidad universitaria los riesgos que implica la pandemia
La red de universidades de Castilla y León implementó el pasado curso 2020-2021 un modelo de presencialidad segura en sus aulas, siempre que fuera posible. La Consejería de Educación, que ha continuado manteniendo una interlocución constante con las instituciones académicas, apoyó sus protocolos en materia de adaptación de la docencia a las limitaciones de actividad derivadas de la COVID-19.
El pasado mes de junio, la consejera de Educación, Rocío Lucas, y los rectores de las nueve universidades ya mantuvieron un encuentro para fijar los criterios del próximo curso. Dos meses después la situación epidemiológica ha cambiado y los mismos actores se han vuelto a reunir para repasar esas medidas de prevención frente a la COVID-19 que estarán vigentes el próximo curso 2021-2022.
Tal y como se acordó a final del curso 2020-2021, se continuarán aplicando Planes de Contingencia similares a los del anterior periodo lectivo, que permitieron alcanzar grandes dosis de presencialidad en un entorno seguro. Asimismo, se podrán flexibilizar las distancias de seguridad a medida que lo permita la situación epidemiológica.
El compromiso de todas las instituciones es avanzar hacia una presencialidad total. Solamente cuando la transmisión comunitaria no esté controlada, se valorará adoptar medidas extraordinarias.
Por otro lado, los centros universitarios continuarán prestando especial atención a las medidas higiénicas, de limpieza de aulas y espacios comunes, de ventilación así como en la organización de accesos y circulación de personas en el centro para evitar aglomeraciones.
Finalmente, las instituciones universitarias mantendrán los equipos COVID-19 encargados de la implementación y seguimiento de los principios acordados así como para la interlocución con los servicios de salud y la comunidad universitaria en su conjunto. De hecho, también se conservarán los canales de comunicación con la comunidad universitaria para la resolución de dudas ya que ha resultado ser un instrumento muy eficaz en la detección y control de la epidemia.
Universidades y Administración educativa han vuelto a manifestar su total rechazo a las novatadas y solicitan a los alumnos que desistan de esas prácticas, más teniendo en cuenta los riesgos que pueden acarrear para la salud de toda la comunidad universitaria por el COVID-19.
Durante el encuentro, la consejera de Educación ha trasladado a los rectores la intención de la Consejería de contar con ellos para defender ante el Ministerio una posición común respecto al Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. Algo que los representantes de las universidades han agradecido y se han comprometido a aportar las propuestas que reflejen la realidad del sistema universitario de la Comunidad.
Rocío Lucas les ha manifestado la necesidad de un consenso a la hora de acometer este tipo de reformas, y no hacerlo a espaldas de las comunidades autónomas y la comunidad universitaria, como ha hecho el Gobierno. Así, les ha trasladado que Castilla y León defenderá la autonomía universitaria y su democracia interna. Finalmente, Lucas ha señalado que el sistema universitario lo que precisa son mejoras en la calidad; mejoras en las que seguirá trabajando la Junta de Castilla y León.
