El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un nuevo bloque de subvenciones, por importe de 279.401 euros, para financiar las actividades que están desarrollando las corporaciones locales con el fin de reactivar el consumo en el comercio de proximidad y mejorar su imagen entre los consumidores.
Estas ayudas, que dan continuidad a las aprobadas el pasado mes de julio, van dirigidas a los Ayuntamientos de Ávila, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Soria y Medina del Campo, además de a las diputaciones provinciales de Soria y Zamora.
Las subvenciones, promovidas por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Empleo e Industria, permitirán financiar el 75 % de los proyectos de reactivación del comercio minorista de proximidad que desarrollen las entidades locales, ya sea directamente o en colaboración con las entidades que representen al sector comercial ,con el objetivo de apoyar la recuperación de un sector estratégico para la Comunidad que se ha visto especialmente afectado por las consecuencias de la crisis sanitaria.
Las actuaciones que se financian a través de estas ayudas se desarrollan bajo diferentes formatos e incluyen actuaciones promocionales dirigidas a mejorar la imagen y favorecer el consumo, la creación de plataformas de promoción y venta a través de internet, o la puesta en marcha iniciativas para incentivar las ventas locales como los bonos de consumo. Serán subvencionables las iniciativas que se ejecuten entre el 1 de marzo de 2021 y el 31 de enero de 2022, ambos inclusive.
Este programa está dirigido a las diputaciones y ayuntamientos de más de 20 mil habitantes, habiéndose aprobado un primer bloque de dieciséis subvenciones a finales del pasado mes de julio, por un importe de total 1.084.718 euros. En esta ocasión, las siete entidades beneficiarias recibirán una ayuda global 279.401 euros, de acuerdo con los criterios de reparto fijados con la participación de las entidades locales. El 20 % del presupuesto asignado se ha distribuido de forma lineal, otro 20 % se ha distribuido en función de la población del municipio o provincia, y el 60 % restante se ha repartido teniendo en cuenta el número de establecimientos de comercio al por menor del territorio.
