martes 27 septiembre, 2022
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Castilla y León mantiene su colaboración con la AECID en la atención a las personas afectadas por el conflicto en Ucrania

Se trata de una concesión directa a la Aecid por importe de 50.000 euros como aportación complementaria al convenio suscrito en 2018 y prorrogado en los ejercicios siguientes.

La Junta se suma un año más a la actuación conjunta y coordinada en materia de acción humanitaria con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). Así, hoy, el Consejo de Gobierno, a través de la Consejería de la Presidencia, le ha autorizado una concesión directa por importe de 50.000 euros. Como aportación complementaria al convenio suscrito en 2018 y prorrogado en los ejercicios siguientes.

Las aportaciones anuales de Aecid y las comunidades autónomas se destinan anualmente a diferentes contextos mundiales que precisan de ayuda humanitaria. De este modo, se logra un mayor impacto de las iniciativas. Aunando esfuerzos para incrementar el volumen, eficacia y calidad de la ayuda.

En 2022 se ha planteado la necesidad de incrementar las aportaciones previstas en el marco del convenio de acción humanitaria. Con el fin de apoyar la respuesta de los organismos internacionales a las necesidades humanitarias excepcionales identificadas en el Plan de Intervención Anual. Especialmente agravadas a raíz del conflicto bélico en Ucrania, y de las condiciones derivadas de éste en el contexto mundial.

No podemos olvidar que, según la FAO, los precios de los alimentos han alcanzado en 2022 los mayores niveles jamás registrados. Sobre todo en el caso de los cereales y oleaginosas. Hay que tener en cuenta que la pandemia de Covid-19 ya había provocado una inflación considerable del precio de las materias primas agrícolas en 2020 y 2021. Asimismo, el conflicto ucraniano y la pandemia llegan acompañados de cambios climáticos pronunciados. Que afectan a los agricultores de todo el mundo que están derivando en situaciones muy graves de inseguridad alimentaria.

En este contexto, la Junta de Castilla y León y otras diez comunidades autónomas manifiestan la voluntad de articular los instrumentos financieros y jurídicos necesarios. Con el fin de poder dar cobertura a las necesidades agravadas por el impacto del conflicto en Ucrania en la situación alimentaria mundial, en particular, y la situación humanitaria, en general.