lunes 26 septiembre, 2022
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UGT evalúa el curso político de la Junta: “suelen tener buenas palabras y pocos hechos”

Los diferentes secretarios sectoriales de UGT Soria Servicios Públicos de Castilla y León han ofrecido hoy una rueda de prensa para evaluar la actuación de la Junta en materia de empleo público.

Tomás Pérez Urueña, Secretario General de UGT Servicios Públicos en Castilla y León ha asegurado que “en este año de pandemia, finalmente, no hemos aprendido nada. En la Junta suelen ser todo buenas palabras y pocos hechos”. Pérez Urueña ha comenzado hablando del sector de la enseñanza y del “caótico” inicio del curso “en el que las consejerías de sanidad y educación no fueron capaces de ponerse de acuerdo hasta el día antes del comienzo de las clases provocó la ejecución en los diferentes centros docentes de la comunidad de hasta tres protocolos de seguridad distintos”. De hecho, según UGT Soria, las incidencias se solventaron “gracias al buen hacer del profesorado y a la predisposición de las familias”.

En el mismo sector, la organización sindical ha criticado también la aprobación unilateral del calendario escolar “sin consultar ni a las asociaciones de padres ni a los diferentes sindicatos”, así como el hecho de que los docentes de Castilla y León “siguen liderando el ranking de los peor pagados de España” y “son los menos reconocidos pese a tener los mejores resultados académicos”.

La responsable de valorar los servicios de dependencia y servicios sociales ha sido Mª Pilar Gutiérrez Sánchez, secretaria Sector Sociosanitario y Atención a la Dependencia, y ha solicitado en primer lugar a la Junta que “unifique la ayuda a domicilio” porque, actualmente, cada provincia y cada institución tiene sus propios contratos laborales. Y es que, ni siquiera los auxiliares de diputaciones y ayuntamientos de una misma provincia tienen las mismas condiciones laborales.

Cabe recordar, además, que “se trata de un sector feminizado lo que provoca una doble discriminación”. Es más, en comparación con Europa no igualamos ni salarios ni condiciones laborales y, de hecho, la situación delos empleados de Castilla y León del sector se encuentran muy lejos de unos mínimos estatales puesto que ni siquiera se está respetando el convenio marco estatal.

Por eso, según UGT Soria, “la Junta es la que tiene que tomar las riendas del servicio y acometer un protocolo de actuación que recoja los tiempos de desplazamiento, los permisos retribuidos, las subidas salariales y un sinfín de despropósitos denunciados en cada caso en los diferentes organismos”. Y todo ello pese a haber sido un sector esencial durante la pandemia que aún continua.

Por otra parte, el sector sanitario ha recordado que hace un año desarrollaron “un acto de responsabilidad evaluando la gestión de lo peor de la pandemia” por parte de la Consejería de Sanidad “con un balance final que recogía más sombras que luces” y han advertido que, actualmente, seguimos en pandemia y que “una desescalada precipitada está provocando un rebrote alarmante” entre la población más joven aún sin vacunar.

“Durante este último año, hemos asistido a la conversión de los aplausos en los balcones y de la grandilocuencia en los agradecimientos a los sanitarios por parte de la Junta a un ataque frontal a los derechos de los trabajadores con el Decretazo del 12 de Noviembre que imponía la restricción de los derechos laborales y de conciliación familiar de aquellos que llevábamos más de 8 meses dejándonos la piel en la batalla por la salud” ha reseñado Miguel Holguín, secretario de sanidad de UGT Soria Servicios Públicos de Castilla y León, que ha incidido en que “se trata de un decreto presidencial ruin y vergonzante que sacó a las puertas de los hospitales y de los centros a los trabajadores para pedir la dimisión de Mañueco”.

No obstante, el decretazo fue derogado, según el sindicato, “con casi nocturnidad y tapadillo ante la certeza del oprobio que se iba a producir en las Cortes merced al resultado de la moción de censura”. A ese respecto, Holguín ha recordado que la moción fue fallida finalmente porque “tuvo su prólogo en el acuerdo histórico firmado por y para unos pocos que rompía los equipos de trabajo que creo el covid trayendo de nuevo la indignación y la hartura a la mayoría de profesionales del SACYL”. Asimismo, el secretario de Sanidad no ha querido olvidarse de “los profesionales del transporte sanitario, los peor pagados de España, que han sido abandonados de nuevo por la Consejería en manos de fondos buitres en una clara omisión de su deber de velar por los derechos laborales de trabajadores que también forman parte de la cartera de servicios de la Sanidad Pública”.

Con todo esto, en palabras de Holguín, “los grandes damnificados de la gestión sanitaria llevada a cabo han sido los castellanos y leoneses con el cierre de consultorios y telemedicina se han convertido en el pan de cada día, con una vuelta a la presencialidad, listas de espera sin control para las que no hay a día de hoy ningún plan de choque creíble ni factible salvo recurrir de nuevo a externalizaciones como siempre en vez de velar y potenciar el tejido sanitario público y un plan Aliste que se retiró de la mesa del pacto de reconstrucción para resurgir con un plan Segovia tan dañino para nuestra Castilla y León vaciada y un largo etcétera de despropósitos que de no haber sido por el covid habría desembocado seguramente de nuevo en una nueva manifestación histórica de la sociedad civil exigiendo dimisiones”.

La última intervención sectorial ha corrido a cargo de Carlos Arenas, secretario de Acción Sindical y Administración Autonómica de UGT-SP Castilla y León, que ha abordado la situación de los empleados de la Administración General de la comunidad. Según él, “la gestión de la JCYL con la pandemia llegó tarde y mal y llegaron a privatizarse hasta la tramitación de los Ertes y de las subvenciones que se dejaron en manos de diversas empresas, así como el desarrollo de software informático que facilitaba el teletrabajo de los empleados públicos con todo lo que eso supone”. De hecho, UGT Soria ha denunciado que “los 85.000 empleados públicos dependientes de la Junta aún están aguardando que la JCyL cumpla con su compromiso de reducir a 35 horas la semana laboral, así como las revisiones salariales de muy diversos sectores dependientes (transporte sanitarios bomberos forestales, administraciones

diversas)”. No obstante, la organización sindical ha reconocido que sí que se ha conseguido el desarrollo de un plan de carrera profesional horizontal, por el que llevaban “años peleando”. Para el secretario de Acción Sindical y Administración Autonómica de UGT Soria Servicios Públicos, “hace falta un refuerzo de medios y recursos y es imprescindible incrementar las ratios, por ejemplo, de auxiliares de enfermería y los docentes, los servicios de limpieza de centros públicos, el operativo de incendios o el personal de las escuelas infantiles”.

En este sentido, Arenas ha asegurado que “es muy habitual que la Junta denuncie que algo funcione mal recortando recursos para aducir que está funcionando mal y que hay que privatizarlo” y que el sindicato lleva año denunciando este comportamiento que esquilma los recursos públicos por parte de las diferentes consejerías.

Por todo ello, Pérez Urueña ha valorado con “un suspenso” la actuación política de la JCyL en materia de empleo público porque “discrimina a todos los trabajadores públicos de los sectores que no puede privatizar”.

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