Los hechos se remontan al pasado día 7 de febrero de 2026, a las nueve de la mañana, y sucedieron en el kilómetro 151 de la N-2, a la altura de Medinaceli. Allí se encontraba una patrulla de la Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de Arcos de Jalón, notificando una infracción a un conductor. De repente, observaron un turismo que infringía la normativa de tráfico gravemente, al tomar una rotonda en sentido contrario.
Al ordenarle su detención, el conductor emprendió la huida dándose a la fuga, por lo que los agentes tuvieron que realizar seguimiento con seguridad, utilizando las señales luminosas y acústicas reglamentarias. Durante todo el seguimiento, el conductor del turismo cometió numerosas infracciones, como invadir el sentido contrario en tramos curvos y rotondas, llegando incluso a incorporarse en sentido contrario en la autovía A-2. También realizó un cambio de sentido en mitad de ella, poniendo en peligro concreto a los ocupantes del propio vehículo, así como al resto de usuarios de la vía que transitaban por el lugar, además de golpear en su huida la barrera metálica de protección de la carretera.
Tras comprobar el conductor del vehículo fugado que le daba alcance el vehículo oficial y ya sin posibilidad de huida, este detuvo la marcha, momento en que los agentes de tráfico procedieron a la detención del conductor e identificación de los dos pasajeros.
El conductor fue sometido a las obligatorias pruebas de alcohol y drogas tras sufrir un leve accidente al colisionar con la barrera metálica, siendo
solicitada la presencia de personal de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria para la instrucción de diligencias por desobediencia grave a agentes de la autoridad, recogida en el art. 556.1 del Código Penal y conducción temeraria (art. 380 y 381 del CP). Así como por conducción por sintomatología de influencia de drogas (art. 379.2 del Código Penal), las cuáles fueron entregadas junto con la persona detenida en el Tribunal de Instancia de Almazán (Soria).
El detenido puede enfrentarse a penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.
Ignorar las señales y órdenes de los agentes de la autoridad puede conllevar desde infracciones administrativas a considerarse un delito grave con consecuencias penales severas. Es de suma importancia cumplir las indicaciones de los agentes de tráfico para garantizar la seguridad vial de todos los usuarios de la carretera.
