El Ayuntamiento de Valladolid ha decidido recurrir ante el Tribunal de Justicia la Orden de la Junta de Castilla y León que endurecerá las medidas restrictivas contra la COVID-19 a partir del próximo jueves 3 de septiembre, al estimar que las medidas tomadas afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos y que «no están justificadas, son incoherentes con otras actividades que sí se permiten y, además, causan perjuicios a personas y empresas contratadas en la organización de eventos durante los próximos días», analiza el Consistorio en un comunicado remitido a los medios de comunicación.
«No hay riesgo en las actividades programadas por el Ayuntamiento de Valladolid porque en todos los casos se limita el aforo, se establece una amplia distancia de seguridad y se controlan los accesos para evitar el contacto, como se ha comprobado en la reciente celebración del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle», señalan fuentes del Equipo de Gobierno municipal.
Asimismo, el Ayuntamiento de Valladolid considera que estas medidas restrictivas anunciadas para únicamente dos municipios de la comunidad autónoma «son desproporcionadas porque no hay declaración del estado de alarma, una figura que ha rehusado la Junta de Castilla y León», añade el comunicado, en línea con las críticas exhibidas por el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, la pasada semana.
