El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha presidido esta mañana el Consejo Agrario de Castilla y León, órgano consultivo en el que están representadas las organizaciones profesionales agrarias representativas de Castilla y León: Asaja, la Alianza para la Unidad del Campo UPA-COAG y la Unión de Campesinos de Castilla y León.
El lobo ha acaparado buena parte del Consejo
El consejero Ángel Ibáñez ha dado cuenta a las organizaciones profesionales agrarias de la Conferencia Sectorial celebrada el pasado lunes, en la que se aprobó el Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria y se trasladó por parte de Castilla y León la necesidad de que el ministro de Agricultura, Luis Planas, frenara la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para incluir al lobo ibérico como especie no cinegética en todo el territorio español.
También ha participado en el Consejo Agrario de Castilla y León el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha informado sobre la reunión mantenida el lunes con la ministra Ribera para reconsiderar la propuesta de ese Ministerio sobre el lobo.
Las organizaciones profesionales agrarias han manifestado la necesidad de establecer un sistema de control de esta especie en Castilla y León y las comunidades autónomas del Cantábrico, que asegure la permanencia de las explotaciones ganaderas extensivas que constituyen la actividad fundamental del medio rural en las amplias zonas rurales donde tiene presencia el lobo.
El Consejo Agrario ha adoptado una posición común que se trasladará al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Con esta posición se reclama una respuesta al Gobierno de la nación que proteja la actividad ganadera frente al lobo y rechazando que se interpongan los fondos de la Política Agrícola Común como la solución para la compensación por los daños que produce.
Decreto de mercados de productos agrarios en origen y mesas de precios
Con esta propuesta de decreto, que hoy se ha tratado en el Consejo Agrario, se pretende desarrollar la ley 1/2014 agraria de Castilla y León en lo que respecta a estos mercados y mesas de precios agrarios y habilitar las condiciones y el procedimiento para llevar a cabo el reconocimiento tanto de Castilla y León como los de referencia a nivel nacional de acuerdo al Real Decreto 427/2020.
Esta actividad es importante en Castilla y León por lo que representa para la actividad agraria y ganadera en la Comunidad, ya no solo por la información sobre los precios y las transacciones que se realizan, sino porque con la puesta en marcha de este proyecto se podrán proporcionar análisis históricos y facilitar tendencias de mercado, facilitando la transparencia.
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural será la competente para el reconocimiento de estos centros, a través de su Dirección General de la Cadena Alimentaria. Para ello será necesaria la inscripción en el Registro de Mercados de Productos Agrarios de Castilla y León y de Mesas de Precios, tener personalidad jurídica propia, disponer de las condiciones de ubicación, infraestructura, equipamiento y funcionamiento que permitan el correcto desarrollo de sus funciones, así como disponer de medios instrumentales y técnicos para la difusión de los precios por productos y cantidades comercializadas.
Respecto a las lonjas -entidades que agrupan a operadores comerciales que intercambian información sobre precios, situación y tendencias de los productos agrarios-, estarán compuestas por tantas mesas de precios como sectores en los que operen.
