El Gobierno de España comunicó ayer en una reunión informal de directores generales, y posteriormente con una nota de prensa, el reparto que ha decidido de los fondos REACT UE correspondientes a los Fondos de la Nueva Generación Europea. Este reparto se ha hecho de forma unilateral, sin contar con las comunidades autónomas y sin convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Castilla y León es la comunidad más perjudicada con ese reparto, ya que únicamente se le asignan 335 millones de un total de 10.000 millones distribuidos entre las comunidades autónomas. Esta cifra es claramente inferior a lo que Castilla y León representa en el conjunto de España tanto en población, como en PIB, como en superficie. De hecho, cada castellano y leonés recibirá 128 euros, en términos de habitante ajustado, frente a los 213 euros que se recibe en el conjunto de España.
El Gobierno ha decidido distribuir estos fondos perjudicando más a las comunidades autónomas que están acertando en sus políticas para combatir la recesión. De hecho, se ha informado que los criterios que han usado son: en primer lugar, la caída del PIB entre el primer semestre de 2019 y el primer semestre de 2020 (peso del 66 %); y en segundo lugar, dos indicadores de desempleo: global y juvenil, ambos entre enero y junio de 2020 (con un peso del 33 % en el cálculo).
El reparto perjudica de forma especial a las comunidades autónomas con problemas demográficos. De hecho, siete de las ocho comunidades autónomas representadas en el Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos (FREDD) reciben incluso menos de lo que les hubiera correspondido aplicando el ya de por sí injusto criterio de ‘por habitante’. De esta forma, Aragón, Asturias, Cantabria, Galicia, Extremadura, La Rioja y Castilla y León reciben menos fondos que su peso en la población de España y, naturalmente, menos de lo que representan por su dispersión territorial.
