Los Parlamentarios nacionales, José Manuel Hernando, Javier Jiménez y Cristina Rubio, junto a la portavoz municipal del PP, Belén Izquierdo, han denunciado que «las gestiones anunciadas por el alcalde y senador socialista Javier Antón, ante Renfe y Adif para lograr una conexión ferroviaria directa entre Soria y Madrid a través de un convenio con la Junta de Castilla y León constituyen una auténtica y monumental tomadura de pelo, en un contexto en el que la línea Soria-Torralba permanece cerrada desde hace más de un año y medio».
El senador y candidato a la alcaldía de Soria, José Manuel Hernando ha abierto la comparecencia trasladando la solidaridad del PP de Soria con los territorios afectados por los incendios, especialmente Ávila y Madrid, y ha reconocido la labor de las unidades de la Junta de Castilla y León desplazadas al operativo. Aprovechando la ocasión, ha recordado que las obras del puente de Lubia acumulan un año y medio de retraso y que «el PSOE mantiene bloqueada en el Congreso la Ley de Montes de Socios, aprobada en el Senado a iniciativa de los senadores sorianos».
Entrando en el asunto ferroviario, Hernando ha explicado que la suspensión del servicio en el tramo Soria-Torralba, iniciada el 1 de abril de 2025 con una duración prevista de entre seis y ocho meses, se acerca ya a los dos años, por lo que solicitar ahora un convenio con la Junta de Castilla y León, parece «un insulto a la inteligencia de los sorianos».
Ha recordado que «la inversión de cerca de 80 millones de euros en ese tramo no sirvió para ampliar frecuencias, reducir tiempos de viaje, eliminar incidencias ni electrificar la línea, pese a que la licitación de las obras de electrificación se prometió para finales de 2025 o principios de 2026 sin que hasta la fecha haya noticias». También ha alertado de la situación de la conexión Soria-Castejón, que considera «imprescindible para unir los corredores Atlántico y Mediterráneo y sacar a Soria de su aislamiento ferroviario, tras un primer estudio de viabilidad negativo por basarse en criterios económicos y no sociales, y a la espera de un segundo estudio que no concluirá hasta enero de 2027».
Hernando ha reprochado especialmente al alcalde Javier Antón su doble papel, «ya que como senador ha votado en contra de al menos tres iniciativas del PP en favor de las conexiones ferroviarias de Soria como la mejora de la conexión con Calatayud, el estudio para enlazar los corredores Atlántico y Mediterráneo a través de la provincia mediante la reapertura de la línea Valladolid-Soria-Ariza, y el impulso a la electrificación del tramo Soria-Torralba y a las obras de Soria-Castejón».
«El alcalde Javier Antón es soriano aquí, pero profundamente sanchista cuando le toca trabajar en el Senado», ha afirmado, cifrando en «más de 1.000 las iniciativas presentadas conjuntamente por los tres senadores del PP, frente a poco más de 20 planteadas por Antón en tres años».
El senador Javier Jiménez ha incidido en que resulta «sorprendente» que Antón exija un acuerdo institucional para recuperar el servicio «cuando su propio partido gobierna España desde hace ocho años y depende de él tanto Renfe como Adif y el Ministerio de Transportes».
Ha repasado «los sucesivos incumplimientos de plazos anunciados para la reapertura a finales de 2025, primer trimestre de 2026, antes del verano, julio y ahora el último cuatrimestre del año, subrayando que Soria lleva ya más de 15 meses sin servicio de viajeros. Jiménez ha mostrado su preocupación por qué Adif reconozca que los robos de cable y de sistemas de señalización han retrasado una obra «estratégica» valorada en 265 millones de euros, lo que a su juicio evidencia fallos de planificación en materia de seguridad».
Jiménez asegura que se desmonta la comparación que hace Antón con los convenios ferroviarios de Aragón y Extremadura con Renfe. Ha explicado que el contrato aragonés, «vigente desde 2022 y con un coste aproximado de 4,5 millones de euros anuales, financia servicios regionales internos declarados obligación de servicio público, sin que la propia Junta de Aragón pueda sufragar trayectos intercomunitarios, que corresponden en exclusiva al Estado. De igual modo, el convenio suscrito por Extremadura en julio de 2025, por 7 millones de euros hasta 2027, cubre cuatro itinerarios de media distancia estrictamente internos a esa comunidad. Por tanto, ninguno de los dos casos sirve de precedente para que Castilla y León financie una conexión interautonómica como la de Soria-Madrid, competencia que corresponde al Gobierno de España». «El primer responsable de que Soria no disponga hoy de conexión ferroviaria es el Gobierno de España, no la Junta de Castilla y León», ha sentenciado, pidiendo a Antón que dirija sus reclamaciones al ministro Óscar Puente y a Renfe.
Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario, Belén Izquierdo, ha trasladado el foco a la gestión municipal, recordando que «mientras el alcalde reclama inversiones fuera de Soria, persisten problemas que dependen directamente del Ayuntamiento como el tren turístico que continúa sin funcionar, la piscina del Castillo permanece cerrada al inicio de la cuarta ola de calor, y se acumulan las incidencias de personal, desde contenciosos hasta jubilaciones sin cubrir, pasando por el estancamiento del proceso de estabilización».
Izquierdo ha citado también la «falta de avances en el Plan General de Ordenación Urbana, paralizado desde hace 20 años, la ausencia de un pliego para parques y jardines, y las carencias en limpieza de colegios y autobuses».
«La mejor carta de presentación ante cualquier ministerio es que tu ciudad esté bien gestionada», ha concluido, exigiendo al alcalde que «ordene su gestión municipal en los meses que restan de legislatura».
