Desde el PSOE de Soria se ha realizado a preguntas de los periodistas una primera valoración de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia al recurso de ASDEN sobre el PEMA en palabras de Ángel Hernández, procurador socialista por Soria. Hernández ha recordado todas las empresas que la propia Junta había puesto sobre la mesa con interés por instalarse en Soria por lo que ahora es el momento de que se vea con hechos reales esos anuncios. Pero también ha puesto sobre la mesa algunos proyectos anunciados y comprometidos por la Junta de Castilla y León, que, sin ser judicializados, no se han desarrollado en nuestra tierra por decisiones políticas.
“Llevamos más de 15 años esperando el desarrollo de suelo industrial en la capital fruto del convenio entre el Ayuntamiento de Soria y el gobierno autonómico en 2005 por importe de 30 millones de euros”, recuerda Hernández, además de otros proyectos comprometidos y que el propio PP no ha querido desarrollar como el Centro de Salud Soria Norte, la Escuela Oficial de Idiomas, la Residencia del CAEP, el desdoblamiento de la CL101, el Centro Forestal de Valonsadero, el incumplimiento del Fondo de Compensación Interterritorial de Soria y del Plan de Convergencia, etc. Además del desmantelamiento de la sanidad soriana, con la paralización voluntaria de la segunda fase del Hospital Santa Bárbara durante años hasta la reanudación de las obras en la actualidad.
Ángel Hernández ha querido remarcar que la única responsabilidad en el retraso del proyecto de la malograda Ciudad del Medio Ambiente es del propio Partido Popular y la Junta, “por empecinarse en hacer una ley ad oc que el propio Tribunal Constitucional se encargó de tumbar. Cometieron una ilegalidad y a fecha de hoy los que no han asumido responsabilidades han sido los representantes del PP. Ni una triste dimisión de miembros del PP o de algunos, ahora en otros partidos, que defendieron una flagrante ilegalidad”.
El 14 de marzo de 2007, por la vía de urgencia, en lectura única y por una modificación legal aprobada en diciembre de 2006, el Partido Popular aprobó una Ley para imponer la Ciudad del Medio Ambiente en terreno protegido en el último Pleno de las Cortes de la legislatura 2004-2007. En su contra se manifiestan asociaciones ecologistas, movimientos ciudadanos, colectivos sociales y profesionales, etc., incluido el PSOE (contrario a la ubicación elegida), que presenta un Recurso contra esta Ley en el Tribunal Constitucional, avalado por 50 diputados y senadores, admitido a trámite el 16 de septiembre de 2007 y que se resolvió tumbando el proyecto el 10 de diciembre de 2013. Previamente la propia Junta de Castilla y León ya había paralizado no solo este proyecto, sino también por ejemplo la segunda fase del Hospital de Soria.
Recordemos que el proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente envolvía un pelotazo urbanístico con 300 chalets, campos de golf, aparcamientos para más de 1000 vehículos, etc.
“Aquel proyecto quedó reducido al actual Parque Empresarial y la postura socialista ha sido que, tras denunciar el despilfarro de 100 millones de euros enterrados en el Soto de Garray, la Junta diga qué quiere hacer con las instalaciones creadas y ponga sobre la mesa esas empresas que tenía en cartera, aclare si se van a instalar o no en la provincia, y continúe con el resto de proyectos comprometidos en otras ubicaciones” concluye Hernández.
