El Sindicato de Enseñanza CCOO exige a la Consejería de Educación de la JCyL garantizar el derecho a una alimentación de calidad recogido en la Declaración de Derechos Humanos y que, a su juicio, la Administración Autonómica pone en tela al privatizar su servicio.
No es un curso cualquiera para los trabajadores y alumnado de educación en Castilla y León. Este año, comienza un proceso de revisión y/o suspensión de la gestión de las empresas privadas en los comedores escolares de Castilla y León, y algo que parece baladí o mero trámite administrativo, determina sustancialmente el futuro de la salud de toda una nueva generación.
Somos lo que comemos, y la alimentación forma parte de nuestro aprendizaje. Los comedores colectivos son una pieza clave en la construcción de los sistemas alimentarios locales, siempre que se basen en criterios de sostenibilidad económica, social y medioambiental.
Desde CCOO Enseñanza defendemos la importancia de sostener un sistema público que garantice el alimento en la Educación Pública; esto dice mucho de nosotros y nosotras; por ello, el sindicato cree que es el momento de garantizar el derecho humano a una alimentación de calidad. Esta es la razón por la que, desde el sindicato y en colaboración con la sociedad civil, se crea la campaña “Alimenta la Pública, Aliméntate en la Pública”.
Esta campaña se articula en 6 ejes esenciales.
- Recuperar la función pedagógica del comedor escolar.
- Garantía Social, ya que para el alumnado más vulnerable supone garantizar una ingesta diaria.
- Redistribución social, ayudando a la fijación de empleo de CALIDAD en el mundo rural, con salarios que permitan un desarrollo de vida.
- Reversión a cocinas públicas.
- Mejora del Medio Ambiente.
- Productos de Calidad, apostando por el consumo de productos frescos, sostenibles y de Km 0, ayudando a los pequeños y medianos productores.
En la provincia de Soria, son más de 2300 alumnos los usuarios de comedor y, en la mayoría de los casos, la privatización de este servicio básico pone en jaque la calidad alimentaria que reciben. Los comedores son una pieza clave para sensibilizar a las personas como futuras consumidoras y productoras, promover hábitos de alimentación saludables y prevenir la obesidad y otras enfermedades. El modelo actual nos desliga de la Tierra, de la cultura alimentaria y de la tradición gastronómica, y convierte la alimentación escolar en un negocio de «clientes cautivos».
En pocos años se ha pasado de consumir alimentos locales, elaborados in situ, a comer productos llegados de cualquier rincón del mundo, con el correspondiente, a nuestro juicio, deterioro de la calidad. Esto es consecuencia de primar el beneficio empresarial por encima de otras consideraciones.
Los productores y el pequeño comercio han perdido su mercado de cercanía. Es necesario cambiar el modelo de gestión de los comedores para favorecer la producción local y apoyar a las pequeñas y medianas empresas.
El impacto que puede tener en el empleo también es un factor importante, a la hora de la defensa de la gestión pública de los comedores, ya que casi 40 trabajadores/as son trabajadores públicos en centros educativos directamente en la provincia, prestando servicio principalmente en las zonas rurales y siendo un modo de fijación de población clave para el desarrollo poblacional de Soria. Estos trabajadores atienden entorno a 700 alumnos y alumnas en la provincia
Desde el Sindicato de Enseñanza de CCOO pensamos que la Administración debe asumir la responsabilidad del servicio que ofrece, para ello proponemos que: visen y publiquen los menús ofertados; centralice y evalúe las quejas de los usuarios; inspeccione periódicamente su salud; mejore el control sanitario y nutricional de los alimentos; publique el resultado de sus inspecciones sanitarias; se finalice con las cocinas de línea fría; introduzca cláusulas medioambientales y en favor de los pequeños comercios locales en los pliegos de contratación; se aumenten los salarios de los trabajadores de comedores y en especial el de las monitoras; y por último, se realice un plan de reversión de la actual privatización a un sistema de gestión pública que garantice todos los derechos de usuarios y trabajadores.
