miércoles 10 agosto, 2022
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La Conferencia Sectorial de Agricultura aprueba 13,3 millones de euros para programas vitivinícolas en Castilla y León

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presidido hoy la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que ha aprobado el reparto entre las comunidades autónomas de un total de 107,4 millones de euros para distintos programas vitivinícolas para el año 2023 recogidos en el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE).

Por un lado, se ha autorizado la distribución de 69.709.441 euros entre las comunidades autónomas para la medida de reestructuración y reconversión de viñedos, correspondiendo 5.800.000 euros a Castilla y León. También se ha autorizado la lista definitiva de solicitudes de ayuda de la quinta convocatoria de la medida de inversiones por 37.733.317 euros, de los que más de 7,5 millones se destinan a las 60 solicitudes aprobadas en Castilla y León.

El ministro considera muy importante proceder a este reparto en este momento, para que las comunidades autónomas puedan empezar a gestionar tanto el pago de los expedientes correspondientes a pagos pendientes como la aprobación de las nuevas solicitudes.

Las cantidades a distribuir por comunidades autónomas son las siguientes:

Comunidades Autónomas Reparto 2023 (en euros)
Andalucía 2.316.438,00
Aragón 3.095.805,25
Baleares 318.517,08
Canarias 29.514,00
Cantabria 7.720,10
Castilla-La Mancha 33.132.673,64
Castilla y León 5.800.000,00
Cataluña 4.534.493,55
Extremadura 6.415.860,93
Galicia 3.400.000,00
Madrid 38.000,00
Murcia 1.266.067,00
Navarra 848.398,00
País Vasco 708.000,00
La Rioja 3.715.467,73
C. Valenciana 4.082.486,00
TOTAL 69.709.441,28

 

En lo que se refiere a las ayudas concedidas al programa de inversiones, se han autorizado un total de 219 proyectos, a las que se han asignado 37,7 millones de euros correspondientes al ejercicio 2023:

Asimismo, la Conferencia Sectorial ha aprobado el plan estratégico 2022-2024 del Plan Nacional para hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos (PRAN), que da continuidad a los dos planes anteriores que estuvieron en vigor desde 2014 a 2021, y que incluye medidas claras y precisas en las que trabajar para los próximos años.

En la elaboración del plan han colaborado todas las autoridades competentes a nivel nacional y autonómico, tanto en materia de salud humana como animal, lo que proporciona un ámbito de trabajo completo de acuerdo con el enfoque “one health” (una sola salud).

El ministro ha indicado que la resistencia a los antibióticos está en la agenda de salud pública como un punto destacado, que aparece reiteradamente en todos los foros internacionales de debate, donde se comparte la idea de que “la mejor manera de luchar contra este problema es reducir el uso de los antimicrobianos y utilizarlos de manera responsable”.

También ha señalado que “la aplicación de estos planes frente a la resistencia a los antibióticos ha sido muy positiva en España”, ya que “ha servido para mejorar la concienciación sobre la reducción del uso de los antimicrobianos y utilizarlos de manera responsable”, en los casos y dosis que sean necesarios. “Vamos por el buen camino y felicito por ello a todos los implicados”.

En este sentido, el ministerio ha puesto en marcha el Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos (Presvet), una herramienta para la monitorización y vigilancia de las prescripciones de antibióticos en las explotaciones ganaderas para poder adoptar las medidas que se precisen para su control.

Por otro lado, la Conferencia Sectorial de Agricultura ha aprobado el programa específico de controles de explotaciones de porcino, para garantizar una aplicación efectiva y homogénea del real decreto de ordenación de las granjas porcinas intensivas, aprobado en 2021. Luis Planas ha destacado el amplio consenso alcanzado en la elaboración de este programa, que ha recogido la mayoría de las sugerencias aportadas por las comunidades autónomas.

Se trata de la primera vez que se aprueba un plan de este tipo, que implica inspeccionar a las explotaciones porcinas para comprobar que se cumplen los requisitos que dieron lugar a su autorización. Se configura como un mecanismo de coordinación con las comunidades autónomas, que son las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de esta normativa en sus respectivos territorios.

La intención del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es completar este programa de control con la redacción de documentos de guía que faciliten el proceso de inspección.

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