La Junta de Castilla y León ha ampliado, por cuarto mes consecutivo, la moratoria fiscal en los impuestos autonómicos y estima que más de 148.000 contribuyentes verán aplazados el pago de sus impuestos por aproximadamente 160 millones de euros.
De esta manera, la Consejería de Economía y Hacienda extiende a cuatro meses sobre los plazos inicialmente fijados en la normativa aplicable, el plazo de presentación y pago de los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, así como de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados de personas físicas, pymes y autónomos.
Castilla y León fue una de las primeras comunidades autónomas en aplazar los impuestos autonómicos tras la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, con el objetivo de retrasar el pago de los mismos y facilitar liquidez al contribuyente y evitar posibles tensiones en tesorería para familias, pymes, autónomos y personas físicas. De esta forma se facilita una mayor capacidad de liquidez, al retrasar el pago de los impuestos, sin intereses, recargos ni penalizaciones.
Este aplazamiento se suma a los aprobados el pasado 20 de marzo, el 20 de abril y posteriormente el 20 de mayo por los que se ha aplazado el cobro de los impuestos previsiblemente a 114.000 contribuyentes por un impacto estimado de hasta 120 millones de euros hasta la fecha. En este cuarto mes de aplazamiento se prevé que sean 34.000 contribuyentes más los beneficiados por un importe de 40 millones de euros adicionales aproximadamente.
