El pasado 1 de julio se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León la convocatoria de ayudas al alquiler 2020 por un importe de 15.288.300 euros, cuantía recogida en el convenio suscrito en julio de 2018 con el Ministerio de Fomento, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
Sin embargo, en los últimos años ha sido preciso incrementar reiteradamente el crédito presupuestario para cumplir el compromiso de no dejar a ninguna familia sin la ayuda con que hacer posible el pago de sus contratos de alquiler. Este esfuerzo permitía no dejar a nadie atrás, a través de un sistema de reservas, pero retrasaba el pago a las personas en las listas de reserva.
Por esta razón, la Junta de Castilla y León, de común acuerdo con el Diálogo Social, ha decidido inyectar anticipadamente a esta línea de ayudas 5 millones de euros más de dinero autónomo y al margen del Plan Estatal de Vivienda, y consolidar con ello su apuesta por una política de vivienda más social, ya que se trata de ayudas destinadas a familias con escasos recursos económicos o con dificultades especiales y que permiten que sus beneficiarios puedan abonar el 40 % del alquiler anual o, incluso, el 50 % en caso de menores de 35 o mayores de 65 años.
Con esta decisión se pretende cumplir por quinto año consecutivo este compromiso y también hacerlo de forma más eficiente y rápida. Solo en 2019 el esfuerzo presupuestario adicional de la Junta de Castilla y León fue de 4,8 millones de euros que se sumaron a los 15,3 millones con que inicialmente se publicó la convocatoria. En total fueron 12.623 familias beneficiadas y 20,1 millones de euros de presupuesto. Con estos datos, la previsión es que en 2021 sea preciso un importe total de al menos 20,3 millones de euros y que la convocatoria pueda resolverse a lo largo del mes de enero del próximo año.
En definitiva, estos cinco millones de euros más que aporta la Junta de Castilla y León apuntalan unas ayudas muy necesarias en unos momentos de dificultad económica añadida para ciudadanos de Castilla y León especialmente vulnerables.
