La ciudad compacta, según el consejero, permite reducir la necesidad de suelo, rebaja las necesidades de desplazamientos, reduce las emisiones contaminantes producidas por el tráfico promoviendo una movilidad sostenible y el urbanismo de proximidad, y en ella se basa la ordenación territorial urbana en la que trabaja la Junta de Castilla y León.
“Apostamos por un modelo que favorezca el transporte público moderno, impulsado por la electricidad renovable o el hidrógeno, y los modos no motorizados, en especial los recorridos peatonales y ciclistas o el fomento de aparcamientos disuasorios en la periferia urbana, con acceso fácil al transporte público; y en este sentido -añadió Suárez-Quiñones-, el autobús contribuye a la disminución de la congestión y la contaminación causada por el tráfico en las ciudades, con un nivel de eficiencia destacable en cuanto que reduce los impactos medioambientales de forma considerable”.
El consejero apuntó el objetivo de “crear comunidades interconectadas con acceso a servicios compartidos, incluyendo la vivienda y la energía”, y citó como ejemplo las viviendas protegidas en el modelo autonómico colaborativo (‘cohousing’) para alquiler joven, que la Junta construye con el horizonte 2022-2026 un total de 1.100 viviendas (13 promociones) con una inversión de 115 millones de euros. O bien las redes de calor, 12 en la actualidad, con una potencia de 65 MW, que pasarán a ser 25 redes de calor en esta legislatura con 215 MW, que permitirán ahorros a las familias de entre el 30 y 50% de la factura energética.
En el ámbito de los residuos apuntó la responsabilidad de los núcleos urbanos en su generación, “causantes”, dijo Suárez-Quiñonez, “del 60 al 80% de los gases de efecto invernadero, lo que da muestra del potencial de las ciudades en el objetivo global de reducir su generación, reducir al mínimo los vertederos e impulsar su valorización”, y abogó por cambiar la forma en que utilizamos los materiales de los que están hechos los productos, los equipos y las infraestructuras y por maximizar la segunda vida de los residuos pasando a ser recursos que se incorporan a un nuevo proceso industrial o productivo.
Para ello, propuso el consejero distintas fórmulas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, que no tiene que basarse únicamente en la propiedad, entre ellas, el modelo de redes de calor que ofrece un servicio de climatización renovable que evita tener que fabricar, comprar y mantener cientos de miles de calderas individuales o colectivas de las comunidades de propietarios; o la valorización de los residuos domésticos, con el fin de maximizar la recuperación de los materiales que los integran y por tanto su potencial de valorización.
Suárez-Quiñones también se refirió a la gestión energética sostenible y eficiente de las ciudades, para lo que, afirmó, es necesario una adecuada planificación, y ofreció a los ayuntamientos la colaboración y apoyo de las administración autonómica. “Trabajamos en nuevos modelos de transición energética: la producción de hidrógeno verde y metanol, la hibridación de fuentes renovables, el almacenamiento energético y, especialmente, aquellos que supongan un aprovechamiento energético de los residuos, agrícolas, forestales, lodos de depuradoras, etc., en especial para la producción de biogás, de la que la Junta tiene 5 proyectos en marcha, y que constituyen los pilares de la energía del futuro en Castilla y León, una energía que debe contribuir a la adaptación de los entornos urbanos a la sostenibilidad”.
Y recordó que los fondos Next Generation de la UE, y en particular el Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, son una gran oportunidad para acelerar esta transición verde de los espacios urbanos, el reto es poner en marcha proyectos auténticamente transformadores. Refirió los 247 millones de euros de fondos europeos Nex Generation que está recibiendo Castilla y León para la renovación, rehabilitación y regeneración urbanas, que va a cambiar el entorno urbano, la eficiencia energética y la calidad de vida para miles de ciudadanos.
El consejero concluyó animando a las ciudades, a sus responsables y, en especial, a los ciudadanos, a liderar la transición hacia una economía circular. “Conseguir ciudades comprometidas con un modelo energético descarbonizado y sostenible, que ofrecen calidad de vida a sus habitantes, es objetivo prioritario en el que debemos colaborar todos: Administraciones Públicas, empresas e instituciones privadas, y, por supuesto, los habitantes de las ciudades. Hay que reconocer que la ciudadanía de Castilla y León está cada vez más concienciada sobre la importancia de adoptar hábitos y comportamientos sostenibles y respetuosos con el entorno, que no sólo son compatibles con la actividad económica y el empleo, sino que las iniciativas en sostenibilidad general nuevos nichos de actividad económica y futuro para Castilla y León”.
