Existe un consenso generalizado entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional; comunidades autónomas; diversas instituciones públicas y privadas, tanto españolas como internacionales; AMPAS; organizaciones sindicales, etc. acerca de la necesidad de que la enseñanza se desarrolle presencialmente el curso que viene, siempre que sea posible.
La Junta de Castilla y León transmite un mensaje de tranquilidad y confianza a toda la comunidad educativa, a los alumnos y sus familias, a los centros y al personal docente: el próximo 9 de septiembre comenzará el curso escolar 2020-2021 con las mayores garantías posibles.
La Consejería de Educación considera que debe garantizarse el derecho a la educación y a la equidad y evitar que se produzca ningún tipo de brecha educativa. Para ello, desde el Departamento que dirige Rocío Lucas, consejera de Educación, llevan “meses trabajando, en constante coordinación con las autoridades sanitarias para que el curso comience con las máximas garantías y de forma presencial”.
Castilla y León ha elaborado un protocolo que establece, detalladamente, cómo debe producirse esa vuelta a las aulas. Así, se recogen las medidas de carácter preventivo y educativo que han servido de marco y de guía a los centros docentes de la Comunidad. Colegios e institutos ya han elaborado sus propios planes de inicio del curso, adaptados a sus características, y planes de contingencia y digitalización que se abordarán durante el mes de septiembre.
En definitiva, Rocío Lucas ha hecho una llamada a la calma, a la responsabilidad y a la profesionalidad. “Es evidente que será un curso diferente. Estamos en una situación inédita. Y ello está suponiendo un desafío y una carga de trabajo extra para todos. Afrontamos el reto de comenzar el curso en situación de pandemia y habrá que irse adaptando a una situación sanitaria incierta”.
Se ha hecho un especial hincapié en mejoras relacionadas con la seguridad y accesibilidad de los centros educativos de Castilla y León para adaptarlos a la situación. En todas las actuaciones y reparaciones relacionadas con las instalaciones se han aplicado criterios de ahorro energético.
La distribución de las obras se están ejecutando por provincias y en el caso de la nuestra, son 11 los colegios e institutos que se remodelarán con una inversión que asciende a 388.244 euros, lo que supone un 4,69% del total.