La LOMLOE no es una Ley para mejorar la Educación. Es un ideario político. Es la moneda de pago a la aprobación de la Ley de Presupuestos y a la formación de Gobierno

         

Los Parlamentarios sorianos Tomás Cabezón, María José Heredia y Gerardo Martínez han asegurado que estamos ante una Ley que nace de la unilateralidad, sin consenso, sin escuchar a la comunidad educativa ni a los expertos. En un contexto de pandemia y crisis económica con más de 70.000 fallecidos no se entiende que esta sea la prioridad del Gobierno. Es una Ley profundamente politizada e ideológica que nace de una visión sesgada de la vida y la libertad como se refleja en la Exposición de Motivos que es un vergonzoso panfleto político. Una ley tramitada por la vía de urgencia, junto a la Ley de Presupuestos, porque son las dos caras de la misma moneda. La moneda con la que se paga el pacto de Gobierno. 

     

La eliminación del castellano como lengua vehicular es lo más llamativo porque el Gobierno legisla conscientemente en contra de la doctrina jurisprudencial que exige garantizar el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, para evitar que alguna Comunidad Autónoma la convierta en una lengua residual, que es precisamente lo que acaba de denunciar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.  La renuncia a defender el castellano es muy llamativa, pero cesiones a sus socios independentistas las hay repartidas por toda la Ley y también de gran importancia. Es el caso de la eliminación de las pruebas para acceder a la condición de inspector de educación, la falta de control sobre el contenido de los textos educativos o la presencia de un miembro de los ayuntamientos en los Consejos Escolares. Son muchos los recursos que arbitra la Ley para quitar autoridad a los Directores y crear un auténtico “comisariado político” en los centros escolares.

Se ha aprobado una Ley que destruye el modelo nacional dual educativo. Un modelo dual de concierto, puesto en marcha por el PSOE en 1985, cuyo objetivo era promover la pluralidad. Entonces el PSOE defendía que la educación concertada también era pública, realizaba una labor pública y ahorraba costes al Estado. Ahora se suman a los argumentos de división que han impuesto sus socios comunistas. Profundizan en una peligrosa demagogia abriendo la grieta social que algunos necesitan para justificar su existencia. En el Pleno del Senado se escuchó que la educación concertada es “de ricos” y los pobres no tienen porque pagarla. O que el problema es que los padres ricos de la derecha no quieren que sus hijos se mezclen con “los pobres” de la izquierda, y por eso detestan la enseñanza pública. “Cuando uno mira la realidad del panorama educativo, por ejemplo, en Soria, y escucha estas declaraciones no puede por menos que indignarse”, afirma la Senadora María José Heredia, miembro de la Comisión de Educación en el Senado. “Nosotros defendemos la libertad de los padres para elegir y la existencia de una educación pública de calidad y también de una educación concertada de calidad. En Castilla y León sabemos que eso es posible, que su funcionamiento no presenta problemas y que los resultados son envidiables. Esas palabras cuando además provienen de quienes estudiaron o llevaron a sus hijos a la concertada o la privada son todo un ejercicio de hipocresía y cinismo.” 

Gerardo Martínez acusa al Gobierno de hurtar la labor esencial del Senado como Cámara Legislativa de segunda lectura y de revisión. “¿Cómo se puede considerar el hecho de no haber tenido en cuenta ni una sola de las casi 650 enmiendas presentadas? Es un desprecio al trabajo de muchas personas que deja a las claras que conseguir una mejor Ley de Educación no era el objetivo. En el Senado, el Partido Popular ha conseguido un acuerdo entre cinco formaciones para enmendar la Ley que salió del Congreso, pero el acuerdo del PSOE con los independentistas de ERC y PNV ha impedido que se pudiera aprobar ni una sola enmienda de ningún grupo parlamentario. “Había dos meses de plazo todavía para trabajar y mejorar la Ley, pero no les interesa. El plazo de esta Ley lo marcaba la convocatoria de elecciones en Cataluña”.

La Ley Celaá elimina el concepto de “demanda social” y con ello obliga a las familias a llevar a sus hijos al centro en el que el Ministerio haya habilitado plazas. Desprecia la libertad de elección de los padres. Elige el Gobierno. Otra denuncia del Partido Popular se ha centrado en la progresiva desaparición de la educación especial. Se elimina a futuro la educación especial por la vía de vaciar de niños y de financiación los centros. Sostienen que hay que leer la ley completa para ver que eliminando vías de elección y de financiación se llega al cumplimento del objetivo de dejar la educación especial como residual y carente de los fondos económicos que necesita. “Se vacían los centros de niños y de financiación. Este Gobierno ha legislado una asfixia económica programada”. Aunque desde el Gobierno lo desmienten, se han negado tanto a mejorar la redacción de los artículos que inducen a duda como a recibir a los padres de niños de educación especial y aclarar con ellos la situación que prevé la Ley.

Tomás Cabezón ha afirmado que ya desde el Congreso se dejó patente que esta era una Ley que se plegaba a los intereses de los grupos nacionalistas vascos y catalanes. No era un medio para mejorar la educación, sino una herramienta para aprobar los presupuestos. Por eso se negó todo debate y se ha tramitado de forma urgente y atropellada reduciendo plazos, trámites y tiempos de intervención.

No se dice una palabra sobre el profesorado o su carrera profesional; nada sobre la enseñanza de ética; ni la filosofía en cuarto de la ESO. No se aclara quién impartirá la enseñanza de valores cívicos, no se soluciona la situación del profesorado de FP; se deja sin opciones a la educación especial; ponen trabas a la internacionalización de la universidad; y se eliminan los controles y evaluaciones. Se destierran valores como el mérito y la exigencia, ya que se permite promocionar sin límite de asignaturas suspensas.

Por último, los parlamentarios coinciden en afirmar que “es una ley sectaria, injusta, retrógrada y desmotivadora, que promueve la mediocridad y el adoctrinamiento. Que evita que los niños desarrollen un pensamiento libre y una capacidad crítica. Solo busca una futura base social de pensamiento débil y fácil manejo. En esta Ley no importaba la Educación, como en la Ley de Eutanasia no importa la medicina ni la ética, como en la Ley de Memoria Histórica no importa la Historia. Por eso no hay debate, no hay participación. Hay prisa e imposición. Solo son herramientas para confrontar y dividir a la sociedad. Divide y vencerás. Ese es su lema”.