La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, integrada por FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel muestra su «oposición frontal a estas medidas que, en lugar de corregir el problema de la despoblación, lo consolidará y lo acelerará».
La Red SSPA integrada por FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel, manifiesta su «oposición frontal al modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España al considerar que ignora de forma deliberada la realidad de los territorios despoblados y de las zonas rurales con dispersión de población, profundizando en las desigualdades territoriales que sufren las zonas despobladas de España».
Este lobby asegura que «el planteamiento presentado se apoya de forma prioritaria en criterios de población y actividad económica, sin incorporar de manera efectiva factores clave como la despoblación extrema, la dispersión territorial, el envejecimiento o el sobrecoste real de los servicios públicos».
«Desde la SSPA recordamos que prestar servicios básicos en territorios extensos y con muy baja densidad de población es objetivamente más caro, y que un sistema que reparte recursos sin tener en cuenta estos sobrecostes, condena a estos territorios a recibir menos financiación por habitante precisamente donde más se necesita», añaden.
Este modelo generará «un círculo vicioso que llevará a menos financiación, con ello peores servicios, algo que implicará pérdida de población, y con ello, menos recursos económicos en el futuro. En definitiva, en lugar de corregir el problema de la despoblación, lo consolidaría y lo aceleraría».
Igualdad
Por parte de la Red SSPA se insiste en que «la igualdad no consiste en repartir el dinero por número de habitantes, sino en asegurar los mismos servicios públicos con independencia del código postal».
Por todo ello, desde la Red SSPA se «exige en primer lugar la incorporación obligatoria de criterios correctores de despoblación, superficie y dispersión en el sistema de financiación».
En segundo lugar, «se pide un reconocimiento explícito del sobrecoste de los servicios públicos en estos territorios despoblados y por último, requiere que ningún modelo de financiación se apruebe sin evaluar su impacto real en las provincias más despobladas del país».
La SSPA advierte de que «seguirá denunciando públicamente y por todas las vías necesarias cualquier reforma que, bajo el discurso de la igualdad, abandone a los territorios despoblados y a las zonas rurales y vulnere el principio de cohesión territorial recogido en la Constitución».
