El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha presentado las principales novedades de la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027, que incluye 36 nuevas rebajas tributarias junto a las ya existentes.
Entre las principales novedades presentadas destaca la rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para todos los contribuyentes. De hecho, en 2027, el tipo mínimo autonómico pasará del 9 % al 8,75 %, con el objetivo de que se sitúe en el 8 % al final de la legislatura. Con esta rebaja, Castilla y León consolidará su posición entre las comunidades autónomas con el tipo mínimo del IRPF más bajo de España.
También incorporará una nueva deducción de hasta 150 euros en el IRPF por los gastos de las cuotas de gimnasios y distintas actividades deportivas. Asimismo, se extenderá progresivamente la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a hermanos, tíos y sobrinos, que se sumará a la práctica eliminación del impuesto establecido por la Junta de Castilla y León para familiares directos. Así, a partir de 2027 se establecerá una nueva bonificación del 3 % sobre los primeros 100.000 euros por heredero.
Nuevos incentivos fiscales para facilitar el acceso a la vivienda
En este ámbito, implantará la ‘Cuenta Ahorro Vivienda Joven’, que permitirá a los menores de 40 años aplicar una deducción de hasta 1.500 euros al año durante cinco años. De este modo, un joven podrá deducirse hasta 7.500 euros, mientras que una pareja joven podrá llegar a 15.000 euros, para poder destinar estos recursos a la compra de su vivienda.
También se impulsará el alquiler estable y asequible, mediante nuevos incentivos fiscales tanto para inquilinos como para propietarios. En concreto, se establecerá una nueva deducción de hasta 600 euros al año por cada vivienda vacía que se incorpore al mercado del alquiler, siempre que se ofrezca por una renta máxima de 750 euros mensuales en el medio urbano y de 500 euros en el medio rural.
Además, el Ejecutivo autonómico rebajará el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para la adquisición de la primera vivienda habitual, con un tipo reducido del 3,75 % frente al general del 8 %. Esta medida beneficiará a jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad, vivienda de protección oficial y víctimas de violencia machista. La Junta establecerá, igualmente, nuevos tipos reducidos del 1,25 % en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados para las escrituras de obra nueva y división horizontal, con el objetivo de incentivar la construcción de viviendas de protección pública, tanto destinadas a la venta como al alquiler.
Apoyo a la natalidad y personas con discapacidad
En materia de apoyo a las familias, se incrementan los importes de la deducción autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por nacimiento o adopción a 1.050 euros por el primer hijo, 1.550 euros por el segundo y 2.400 euros por el tercero y siguientes, con la previsión de alcanzar los 1.200, 1.700 y 2.500 euros, respectivamente, al final de la legislatura. Estas cuantías aplicadas se duplicarán cuando el nacido o adoptado presente un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
En el ámbito del apoyo a las personas con discapacidad, se elevan los importes de la deducción en el IRPF hasta los 325 euros o los 700 euros en función del grado de discapacidad y la edad del contribuyente, estableciéndose una nueva deducción específica dirigida a los descendientes del contribuyente.
Ampliación de beneficios fiscales del medio rural
También se amplían territorialmente los beneficios fiscales extendiéndolos a municipios de hasta 20.000 habitantes, superando el anterior límite de 10.000, lo que permite dar cobertura al 97 % de los municipios de la Comunidad, incrementando el límite del valor de la vivienda habitual hasta los 200.000 euros desde 150.000 euros.
Asimismo, la deducción en el IRPF por nacimiento o adopción en el medio rural se mejora en un 40 % estableciendo deducciones de 1.470 euros por el primer hijo, 2.170 euros por el segundo y 3.360 euros por el tercero y sucesivos, con un objetivo final de legislatura de 1.680, 2.380 y 3.500 euros respectivamente. Estas cantidades también serán duplicadas si el menor cuenta con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
En cuanto a deducciones en el IRPF vinculadas a la vivienda en el medio rural, la deducción por gastos de alquiler para jóvenes se incrementa del 25 % al 27 %, con la meta de situarse en el 30 % al concluir la legislatura. Para la rehabilitación de vivienda en el medio rural destinada al alquiler asequible, la deducción aplicable sobre la inversión asciende del 15 % al 17 %, con un objetivo final de la legislatura del 20 %.
‘Impuestos Cero’ para la transmisión de propiedades en el medio rural
Se suprime el gravamen en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO) y en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) para la adquisición de la primera vivienda habitual para todos los residentes sin importar su edad, eliminando la restricción previa de 36 años; la compra de inmuebles destinados a actividad económica como sede social o centro de negocios; para la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias, incluyendo su maquinaria y elementos vinculados; en las escrituras necesarias para documentar la agregación, agrupación o segregación de fincas rústicas destinadas a estas explotaciones agrarias prioritarias; y en las de agregación, agrupación y segregación de suelo industrial o terciario.
Medidas para autónomos, relevo generacional y transmisiones agrarias
El programa Relevacyl incorpora reducciones para adquirir inmuebles asociados al negocio, reduciendo el tipo de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del 8 % al 7 % con un objetivo final de legislatura del 4 %, y el de Actos Jurídicos Documentados, del 1,5 % al 1 %, con una meta final de situarlo en el 0,5 %.
Para favorecer la continuidad de la actividad agraria, se amplía la reducción del 99% en el impuesto de sucesiones por adquisición de explotaciones agrarias que se extiende a familiares como primos, tíos, abuelos y sobrinos nietos; y a trabajadores asalariados de la propia explotación que realicen jornada completa y cuenten con al menos tres años de antigüedad contrastada.
Asimismo, para incentivar la agrupación de parcelas, se establece un tipo reducido en Transmisiones Patrimoniales Onerosas del 7 %, frente al 8 % previo, para aquellos agricultores dados de alta en la Seguridad Social que posean parcelas adyacentes, complementando así la bonificación del 100 % en el arrendamiento de fincas rusticas y los tipos reducidos en la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias.
Castilla y León mantiene un único tributo propio que integrará los parques fotovoltaicos y las redes de comunicaciones telefónicas y telemáticas, incluyendo postes, torres y antenas, frente a comunidades con hasta 15 gravámenes distintos. Este impuesto no se establece para los parques fotovoltaicos ubicados en cubiertas de edificaciones y para aquellos que ocupen una superficie inferior a 5 hectáreas. Asimismo, estarán exentos del pago los parques dedicados al autoconsumo y las nuevas redes de comunicaciones instaladas en el medio rural. Una medida que no afectará ni a las familias ni a las instalaciones de autoconsumo.
Además, se establecen bonificaciones y exenciones para la repotenciación de instalaciones eólicas que cuenten con más de 10 años de antigüedad. Finalmente, se posibilita una bonificación de hasta el 30 % de la cuota tributaria a los titulares de parques eólicos y fotovoltaicos por inversiones efectuadas en programas de mejora del bienestar y de lucha contra la despoblación en los municipios afectados, mediante convenios entre los promotores y las administraciones locales y autonómica.
Plan de reducción de tasas autonómicas
Con relación al plan de reducción de tasas, se prorroga la congelación de los importes de las tasas autonómicas iniciada en 2014, con el fin de contrarrestar el impacto de la inflación sobre los contribuyentes, lo que acumula un impacto económico estimado de 31 millones de euros de ahorro hasta el ejercicio 2025. Esta congelación se acompañará del mantenimiento y ampliación de las exenciones y bonificaciones aplicadas durante toda la legislatura.
