Los interinos de CyL abren batalla legal contra los políticos para defender sus puestos

         

Los trabajadores temporales de Castilla y León, más de 56.000, valoran dar el paso a una querella como la ya admitida en Cataluña, por el uso de oposiciones públicas para el personal en abuso de contratación temporal.

     

Las reivindicaciones de los interinos de larga duración acaban de dar un salto cualitativo después que Europa haya dictado varias sentencias en las que califica de abuso esa forma de contratación, prolongada en el tiempo por parte de las Administraciones españolas.


El colectivo dará la batalla judicial en la vía penal contra los políticos para defender su puesto de trabajo. Mientras tanto, las reclamaciones presentadas por trabajadores públicos temporales siguen su curso y se esperan próximas sentencias en el TSJ de Valladolid y de casación en el Supremo. En la región hay 56.500 empleados públicos temporales, la mayor parte en la Junta de Castilla y León y en entidades locales. Lo que se desconoce es cuántos de esos trabajadores están en temporalidad abusiva o ilícita, debido a la falta de transparencia en los datos y porque, a diferencia del sector privado, en el sector público, la Administración no es inspeccionada para detectar los casos de contratación temporal abusiva o fraudulenta. La Plataforma calcula, por los datos que han podido recabar, que aproximadamente el 62%, unos 35.000 empleados públicos estarán en abuso de temporalidad en nuestra Comunidad.


La batalla de la vía penal ya ha empezado, de hecho, en Cataluña, una autonomía en la que está censado más del 10% del casi millón de trabajadores temporales públicos de toda España, la mayoría de larga duración. La juez de instrucción de Barcelona, Dña. Silvia López Mejía, que ha tenido y tiene una importancia capital en los acontecimientos políticos en Cataluña y que truncó la carrera política del hijo de Jordi Pujol imputado por el caso ITV, ha admitido a trámite una querella de la Asociación Plataforma de Interinos de Cataluña e investigará si hay delito en unas recientes convocatorias de oposiciones por parte de la Generalitat para reducir la temporalidad, en las que no está previsto ningún mecanismo que salvaguarde los derechos de los interinos de larga duración.


La querella presentada en Cataluña sostiene que dos altos cargos han incurrido en un delito de prevaricación administrativa, al dictar Resoluciones supuestamente arbitrarias respecto a la jurisprudencia europea. Una juez de instrucción de Barcelona ya ha señalado la fecha para que dos altos cargos, la Directora General de Función Pública y la secretaria de esa área, comparezcan en calidad de investigadas. En la querella se relata que las dos altos cargos, han convocado una oposición “aparentando con ello pretender solucionar el evidente problema existente sobre el alto porcentaje de trabajadores interinos” en la Generalitat; pero este proceso sería contrario “al ordenamiento nacional y Europeo”, porque si bien resuelve en parte la “irregularidad” del puesto de trabajo, “no da solución al interino que lo ocupa desde hace años incluso décadas”. La Plataforma catalana aporta como argumentos los recursos presentados contra esas convocatorias, que ni siquiera fueron contestados por las dos altos cargos.


La Plataforma de trabajadores temporales públicos de Castilla y León está valorando, al igual que el resto de Plataformas de temporales del resto del conjunto del País desde hace tiempo, dar el paso de las reclamaciones en vía Contencioso Administrativa a la vía Penal. Los compañeros de Cataluña han decidido ir adelante, y que se haya admitido a trámite es buena señal. El recurso a la vía Penal abriría la puerta a que los políticos tuvieran que responder a título personal y ante la justicia de las decisiones que toman.
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo de 2020, en los puntos 97 a 101, dice de forma clara que los procesos selectivos realizados fuera del plazo establecido por la norma que regula la contratación temporal (en España el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público), “no son una medida adecuada para prevenir la utilización abusiva por parte del empleador, ni para sancionar debidamente, el uso abusivo de las sucesivas relaciones de servicio, ni para eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión, ya que su aplicación no tendría ningún efecto negativo para ese empleador”. Además, el Alto Tribunal rechaza también estos procesos de selección porque, “tales procesos cuyo resultado es además incierto, también están abiertos a los candidatos que no hayan sido víctimas de tal abuso”.


Es más, las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Auto de Portugal de 30 de septiembre de 2020 y la de Grecia del 11 de febrero de 2021 aplicables en España, concluyen que si un Estado Miembro no tiene legisladas medidas efectivas y disuasorias (y los procesos selectivos fuera del plazo establecido y de libre concurrencia no lo son), “la cláusula 5 del Acuerdo Marco de la Directiva del trabajo de duración determinada, se opone a la legislación del Estado Miembro que prohíba totalmente la conversión en indefinida de una sucesión de contratos de trabajo de duración determinada”.


Utilizando esta base legal, la magistrada y expresidenta del Tribunal Constitucional Dña. Emilia Casas, ha elaborado un informe en el que deja constancia de la falta de sanción disuasoria contra el abuso de temporalidad en el sector público en España, por lo que propone, como solución para los interinos y cumplir la jurisprudencia europea, utilizar la figura de “personal estabilizado”, que ya aparece publicada en el BOE de 31 de diciembre de 2020 para personal de entidades públicas. Además, en declaraciones recientes del catedrático de Derecho y exministro socialista de Función Pública, D. Jerónimo Saavedra, está de acuerdo con el uso de la figura mencionada, dotada de constitucionalidad.


Por ello, la Plataforma de Castilla y León, ha registrado escritos dirigidos al Consejero de Presidencia Ángel Ibáñez, y a las Consejeras de Sanidad Verónica Casado y de Educación, Rocío Lucas, solicitando que paralicen los procesos “de estabilización” para que no haya ni un cese más de empleados públicos temporales en la Comunidad hasta que se regularice su situación de abuso, pero a día de hoy no ha obtenido respuesta.


El gobierno autonómico se ha limitado a repetir en sus declaraciones, que está a la espera de las decisiones que se tomen en el ámbito estatal.
Según el INE, la Región cuenta con una tasa de 2.355 interinos por cada 100.000 habitantes en el conjunto de las tres administraciones (estatal, autonómica y ayuntamientos y diputaciones); una estadística que encabeza Extremadura con 3.268 temporales en esa misma ratio, seguida de Cantabria, Navarra, País Vasco y Canarias. En el lado opuesto está Cataluña, con 1.419 interinos por cada 100.000 habitantes y Comunidad Valenciana. El total de trabajadores temporales es de 925.900 siendo la media nacional de 1.969 interinos por cada 100.000 habitantes. De los cuales, el 61.4% son mujeres.

Ahora Europa urge una reforma. Bruselas exige mayor estabilidad en la contratación laboral y, sobre todo, en el empleo público. ”es un crimen que el sector público sea el que más vulnera la legislación laboral europea en España” declaraba recientemente el eurodiputado Luis Garicano (Ciudadanos) en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA donde afirmaba que esa reforma no puede hacerse con los interinos que llevan 5-20-30 años trabajando para la Administración, como moneda de cambio.