El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, han presentado esta mañana el balance del primer año de legislatura, donde destacan la cohesión y estabilidad de un gobierno autonómico.
Según ha destacado Fernández Mañueco, el Ejecutivo de Castilla y León es un Gobierno sólido de políticas moderadas, volcado con las personas, que ha demostrado su capacidad de acción con la tramitación de más de un millar de asuntos en Consejo de Gobierno, por más de 3.200 millones de euros. Asimismo, también ha señalado que se trata de un Gobierno de diálogo abierto con todos: Diálogo institucional, con el Estado, la UE, con otras CCAA y las entidades locales; diálogo social, con empresarios y sindicatos; diálogo civil, con el tejido asociativo, y también diálogo político. En este punto, ha recordado la firma el pasado mes de junio de un Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social con la mayor parte de las fuerzas políticas de la Comunidad, y ha vuelto a lanzar la propuesta de pactar con la oposición los presupuestos autonómicos para el próximo año 2021. “Es el momento de decidir qué papel quiere tener la oposición: el de protagonista o el de espectador”, ha afirmado el presidente de la Junta.
En un año marcado por la Covid-19, el balance incluye las numerosas medidas encaminadas a frenar el contagio del coronavirus en Castilla y León, que fue una de las primeras administraciones que advirtió al Ministerio sobre la necesidad de decretar el Estado de Alarma. Entre ellas, la rápida reorganización de la asistencia sanitaria en Atención Primaria, con la creación del circuito Covid, mientras que en Atención Hospitalaria, se incrementaron en cerca de un 300% las UCIs, lo que evitó que el sistema sanitario de la Comunidad llegara a colapsar.
En otras cuestiones, en el ámbito social, se ha aprobado un Acuerdo Marco para blindar los servicios sociales con las entidades locales, con 448 millones de euros de inversión, que benefician a 200.000 personas al año. También se ha reforzado la Red de Protección Social para atender a las personas más vulnerables. Más de 15.400 familias han recibido durante el Estado de Alarma ayuda para alimentación, medicinas o productos de primera necesidad.
En educación, el Informe PISA ha vuelto a situar a Castilla y León entre los mejores sistemas educativos del mundo.
En materia de empleo, se impulsaron este presente año 2020 dos grandes acuerdos en el marco del Diálogo Social: el primero el 30 de enero con la firma de Papecyl 2020 por un importe de 165 millones de euros, y el segundo un Acuerdo de Medidas Extraordinarias y Urgentes con el Diálogo Social que incluye 13 líneas de subvenciones directas, por un montante de 36,48 millones de euros. También durante estos meses de crisis se reforzó la atención en el Ecyl y se habilitó una plataforma electrónica para la tramitación rápida de los ERTEs.
De cara a los próximos meses, son inminentes las convocatorias de varias líneas de ayudas por 17,7 millones para fomentar el empleo entre la población en general y de colectivos particulares (parados, jóvenes, mayores de 55 y personas en riesgo de exclusión).
También está pendiente el reparto de 20 millones de euros del Fondo Extraordinario COVID-19 para empleo entre las Entidades Locales. Y a partir de septiembre, se estudiarán nuevas líneas de ayudas para favorecer la recuperación y se retomarán las reuniones del Diálogo Social para empezar a diseñar la III Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo, así como el Plan Anual de Políticas de Empleo (Papecyl) para 2021.
En materia de Comercio, durante la crisis del COVID-19, se habilitaron dos líneas de ayudas específicas para el sector del comercio, entre las que destaca las ayudas a pymes comerciales para obras de adecuación de sus establecimientos a las nuevas exigencias de seguridad, para digitalización (comercio electrónico) y proyectos de modernización, y para abastecimiento en el medio rural.
En relación al sector primario, se ha defendido con firmeza la posición de Comunidad respecto a la PAC; se ha impulsado una amplia batería de medidas aglutinadas en el programa «Somos del Campo» y se ha aumentado las ayudas a las inversiones en la agroindustria hasta alcanzar la cifra más alta de la historia, con 65 millones.
En el ámbito del turismo, uno de los sectores más castigados por el impacto de la crisis sanitaria, se ha apostado por una línea de ayudas a la liquidez específicas para las empresas del sector, y un Sello de Turismo de Confianza, gratuito, que certificará que el establecimiento o actividad cumple con las recomendaciones establecidas para minimizar el riesgo de contagio.
